Piden orden en concesiones de agua, acusan perjuicio a comunidades
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua exigió a la Comisión Nacional del Agua que se emita una Ley General de Aguas que acabe con el acaparamiento y despojo de los derechos de uso, además de que se atiendan las irregularidades detectadas en los registros de concesiones, usos y disponibilidad y de las cuales ya tienen conocimiento.
Mediante un escrito dirigido al director general de la Conagua, Efraín Morales Sánchez, el organismo destacó la necesidad de poner orden en el sistema de concesiones.
El documento señala que es urgente contar con una nueva legislación que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, con la que se ha fomentado una estructura legal que facilita el sobre concesionamiento, el acaparamiento y el despojo de derechos de agua, especialmente en perjuicio de comunidades originarias, campesinas, ejidales y colonias urbanas que han sido históricamente excluidas del acceso equitativo, asequible y saludable al agua como bien común e indispensable para la vida.
La ley actual permite y facilita la compra y venta de concesiones, es decir, el mercado del agua, beneficiando principalmente a los grandes usuarios y facilitando su concentración en pocas manos. “Esto ha dado lugar a lo que denominamos hidrocracia”, refiere.
Se considera lamentable que los funcionarios hayan preferido reunirse con los acaparadores del agua, mientras siguen ignorando a los grupos sociales excluidos y despojados del líquido vital. Esta ley vigente obstaculiza la prevención y corrección de abusos, debido a la alta capacidad litigiosa de los concesionarios frente al limitado personal legal y técnico de la Conagua.
Genera, además, condiciones de opacidad, dificultando la fiscalización y permitiendo decisiones discrecionales en la asignación y renovación de concesiones; ante ello, se insiste en la necesidad de avanzar hacia una ley justa, participativa y transparente, que contemple mecanismos de contrapeso social y comunitario.
Por otra parte, se dio a conocer que desde noviembre de 2024, las Contralorías Estatales, Regionales y la Contraloría Nacional entregaron a las oficinas centrales de la Conagua y a sus Organismos de Cuenca, listas detalladas de irregularidades detectadas en los registros de concesiones, usos y disponibilidad del agua en sus territorios.
Este esfuerzo fue realizado con el objetivo de visibilizar la información, ya que es un tema muy poco conocido por la ciudadanía, los pueblos originarios y las comunidades rurales, urbanas y núcleos agrarios, así como para establecer canales y mecanismos reales y efectivos de colaboración institucional en el marco del Acuerdo Nacional por el Agua.
Para ello, se propuso a nivel nacional, regional y estatal mesas de trabajo que garanticen esta dinámica de información.
Cuestionamientos
Por otra parte, la organización cuestionó la falta de voluntad institucional y expresó su preocupación ante la negativa reiterada de la Conagua a colaborar con las Contralorías para identificar, corregir y dar seguimiento transparente a las irregularidades reportadas.
Ante ello, solicitaron una repuesta pública y clara ante interrogantes como el por qué no ha registrado el título de Derechos de Agua del Pueblo Yaqui, no transparentar las listas de concesiones irregulares anunciadas en las llamadas “mañaneras del pueblo” por la Dirección General de la Conagua, además de cuestionar por qué este organismo federal sigue evitando la colaboración de las Contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social.
