Piden fortalecer marco legal que protege a niñas, niños en casos de controversia familiar
Exhortan al Congreso de la Unión a que analice y en su caso, impulse las reformas necesarias en materia de visitas y convivencias de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior, a fin de que en el caso de existir restricciones derivadas de una controversia familiar, las autoridades escolares se encuentren notificadas y protegidas en cuanto a la entrega de un menor a su padre o madre.
Fue en sesión del Congreso del Estado donde el diputado Álvaro Moreira Valdés presentó en tribuna dicho Punto de Acuerdo, quien refirió que de acuerdo con el INEGI, en los últimos 23 años el número de divorcios en México se ha triplicado.
Añadió que, en tanto la ley establece que aquellos menores de edad cuyas familias estén separadas tendrán derecho a convivir, excepto cuando la autoridad jurisdiccional detecta alguna situación en la que éstas pueden representar algún riesgo para la niña, niño o adolescente, pudiendo imponer restricciones al régimen de convivencia.
Mencionó que, aunque en principio dichas resoluciones únicamente obligan a los padres de familia, existen algunos casos que colocan a las instituciones educativas en duda, más cuando se trata de saber si deben o no entregar a un alumno a su padre o madre, sin saber si se le han impuesto restricciones de contacto.
Advirtió que la falta de notificación oficial acerca de este tipo de restricciones impuestas a los padres, coloca a las instituciones escolares y a los docentes en conflictos que pueden escalar a niveles judiciales ante su negativa o entrega de un menor, llegando incluso a que puedan caer en supuestos penales como es el delito de retención o sustracción de menores de edad.
Indicó que al tener confirmación judicial de la restricción impuesta a uno de los padres, la escuela se encontraría legalmente protegida de abstenerse de entregar al alumno al padre que no tiene la guarda y custodia, evitando conflictos futuros.
Por ello, dijo que se considera de gran relevancia ahondar en la regulación procesal que permita dar mayor certeza a las instituciones educativas y docentes, informándoles o notificándoles de manera oficial sobre las restricciones derivadas de una controversia familiar.
