(EL SIGLO DE TORREÓN)
Representantes de diversos sectores productivos de La Laguna, incluyendo ganaderos, lecheros y transportistas, alzaron la voz para denunciar una serie de extorsiones sistemáticas, presunta colusión de autoridades estatales y municipales, y la falta de respuesta institucional ante sus demandas.
Los afectados exigieron la intervención urgente del gobierno federal, al considerar que las condiciones de seguridad en el estado de Durango son insuficientes para continuar sus actividades de manera legal y segura.
La rueda de prensa se da después de un desplegado en medios impresos en donde empresarios denuncian directamente a operadores vinculados directamente con el grupo sindical CATEM y el crimen organizado.
Esta semana se publicó un desplegado en la edición impresa de El Siglo de Torreón en donde menciona a todos los organismos empresariales que piden atención contra las extorsiones.
Los testimonios revelan una situación crítica que se ha agudizado en los últimos siete meses. Según los ganaderos, el problema comenzó con el manejo de vacas accidentadas, que derivó en cobros arbitrarios por parte de grupos que ahora controlan la comercialización de animales. "Ya ellos comercializan todas las vacas, y la policía estatal en lugar de apoyarnos, nos detiene los camiones y nos cobra hasta un peso por kilo de animal", denunció uno de los representantes del sector lechero.
Los afectados aseguran que han sostenido múltiples reuniones con autoridades estatales sin obtener soluciones concretas. "Nos dan atole con el dedo. Hemos tenido cinco o seis pláticas y todo sigue igual. Las denuncias que presentamos no prosperan, no se les da seguimiento, y la Fiscalía parece ser parte del problema", señalaron.
El sector transportista también reportó haber sido uno de los más golpeados. De acuerdo con su representante, existen al menos cinco denuncias formales presentadas ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto en la capital de Durango. Tras interponer las denuncias, los denunciantes fueron víctimas de amenazas y agresiones físicas por parte de grupos armados, obligándolos a retirar sus acusaciones bajo presión.
Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una manifestación pacífica realizada el pasado 4 de agosto en Gómez Palacio, la cual fue bloqueada por patrullas municipales y estatales, acompañadas por civiles armados. "¿Dónde se ha visto que una manifestación pacífica sea bloqueada por civiles armados con el respaldo de las autoridades?", cuestionaron. Los inconformes también hicieron un llamado al nuevo Mando Especial de La Laguna, cuestionando su capacidad de acción ante la evidente impunidad. "La Guardia Nacional estuvo presente, retiró a los civiles armados, pero no hubo ni una sola detención", denunciaron.
Los aparceros, quienes trabajan bajo esquemas de producción con empresas, señalaron que desde hace más de un año comenzaron a ser presionados por grupos que, acompañados de camionetas blancas, impusieron un sistema de comercialización exclusivo de la pollinaza, un subproducto clave en la avicultura. "Nos dijeron que sólo ellos podían comprar y vender la pollinaza. Dejaron un teléfono y desde entonces nadie más puede comercializarla", denunciaron.
La pollinaza, utilizada como alimento en agostaderos para ganado, llegó a valer hasta 1.70 pesos por kilo. Hoy, los aparceros reciben entre 300 y 500 pesos por tonelada, lo que ha desmoronado la rentabilidad del negocio. El temor a represalias ha impedido que se presenten más denuncias.
Los ganaderos enfrentan cobros ilegales por kilo de peso vivo, incluso en casos de ganado accidentado. "Nos están cobrando hasta un peso por kilo. Si vendes una vaca de 800 kilos, son 800 pesos. Si vendes 50, son 40 mil. Es insostenible", denunciaron. Situación similar vive el sector agrícola y además alertaron por el control de los distritos de riesgo. La situación es de miedo e inseguridad.
