Onappafa denuncia boicot y corrupción en regularización de autos extranjeros en Coahuila y Durango

Un boicot sistemático al proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera denunció la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), acusan intereses económicos, corrupción institucional y presiones de la industria automotriz se ha frenado el Decreto presidencial que regularizaría las unidades de millones de familias.

En los estados de Coahuila y Durango, el proceso de regularización vehicular se encuentra suspendido debido a la falta de envío de papeletas oficiales por parte del Registro Público Vehicular (Repuve), las cuáles incluyen hologramas, recibos y constancias, llegan vírgenes desde la Ciudad de México y deben ser distribuidas por delegados estatales. Sin embargo, denuncian que algunos funcionarios están acaparando y comercializando estos documentos, generando un presunto esquema de corrupción.

“Ya tenemos cita, ya pagamos el impuesto, pero no hay papeleta. Es un fraude lo que están haciendo algunos funcionarios estatales”, dijo Ricardo Onofre, coordinador de Onappafa en Durango, Coahuila y Nuevo León. Señaló que el proceso se ha convertido en un “negocio redondo” para ciertos funcionarios. Indicó que, una vez que un afiliado agenda una cita, no puede solicitar otra en otro módulo, incluso si el trámite no se concreta, cancelarla puede tardar hasta un año y en muchos casos, los propietarios deben volver a pagar el impuesto, duplicando el costo originalmente fijado en 5,000 pesos.

“El presidente prometió una regularización accesible, pero las trabas burocráticas están encareciendo el proceso y frustrando a los ciudadanos”, afirmó.

José Guadalupe Barrios, líder nacional de Onappafa, acusó a armadoras mexicanas y agencias sudamericanas de presionar para cerrar módulos en estados clave como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

“Las armadoras están golpeando fuerte para que este decreto se termine. Hay intereses económicos muy poderosos detrás de esto”, advirtió.

Barrios señaló que existen miles de expedientes ya integrados y pagos realizados por los propietarios, muchos de los cuales han depositado los 2,500 pesos requeridos en bancos. Sin embargo, los trámites no avanzan, y los módulos permanecen cerrados o sin respuesta.

Onappafa destaca que el proceso de regularización vehicular no solo favorece a los propietarios, sino también a los municipios, estados y al gobierno federal. Los recursos recaudados se han destinado a obras públicas como el arreglo de calles y carreteras en ciudades como Torreón, Gómez Palacio, Saltillo y Monterrey.

“El dinero se está quedando en las entidades, como lo pidió nuestra organización al presidente. Es un beneficio directo para todos”, afirmó Barrios.

Ante la falta de respuesta por parte de Repuve y las autoridades estatales, Onappafa advierte que tomará medidas drásticas. Entre las acciones contempladas están la toma de oficinas de Repuve a nivel nacional y de agencias automotrices, incluyendo plantas en la Ciudad de México.

“Si el problema es Repuve, tomaremos sus oficinas. Si son las armadoras, iremos por ellas. No vamos a permitir que se frene un proceso que costó años de lucha y que beneficia a millones de familias mexicanas”, concluyó Barrios.

La organización asegura contar con el respaldo de más de 20 millones de familias distribuidas en todo el país, dispuestas a movilizarse para defender su patrimonio.

“Suspender la circulación de estos vehículos es suspender el proceso alimenticio. No lo vamos a permitir”, sentenciaron.