El médico fue despedido injustificadamente en 2004 y tras 21 años de lucha judicial logró una sentencia a su favor/ Especial
Después de 21 años de litigio, el médico Fernando González Ramos logró una victoria judicial contra el Gobierno de la Ciudad de México, que ahora deberá pagarle más de 9.7 millones de pesos en concepto de salarios caídos. El conflicto se originó tras un despido injustificado en 2004, y su resolución pone en evidencia las demoras estructurales del sistema laboral mexicano, especialmente en el ámbito público.
González Ramos trabajaba en el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal cuando fue separado del cargo sin justificación formal. Aunque se argumentó que su contrato podía rescindirse al ser “trabajador de confianza”, una revisión posterior determinó que sus funciones no correspondían a dicha categoría. Desde entonces, el médico emprendió una lucha legal para ser reinstalado y recibir el salario acumulado durante los años sin empleo.
Una deuda que crece con los años
El caso fue fallado a favor del médico en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y posteriormente confirmado en juicio de amparo y revisión. Sin embargo, pese a las sentencias firmes, las autoridades capitalinas se han negado a ejecutar el laudo. El monto de 9.7 millones de pesos corresponde al cálculo actualizado hasta marzo de este año, pero sigue aumentando cada día de incumplimiento.
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El joven perdió el control de la unidad y se salió del caminoEl retraso en el pago ha sido atribuido a la falta de visto bueno por parte de la Dirección General de Servicios Legales, encabezada por José Juan Torres Tlahuizo. Este trámite administrativo ha generado frustración en el médico, quien además enfrentó consecuencias económicas y de salud como resultado de su despido y del largo proceso judicial.
Consecuencias legales por desacato
El abogado del médico, Marcos Chávez Orozco, advirtió que la inacción de las autoridades podría derivar en un proceso por desacato judicial. Según explicó, el juez de amparo ya apercibió a la Consejería Jurídica sobre el incumplimiento y podría turnar el expediente al Tribunal Colegiado. De comprobarse la omisión, los responsables podrían enfrentar sanciones, incluyendo la destitución.
El caso no es aislado. Chávez sostiene que existe una tendencia en la administración pública a postergar el pago de laudos laborales, en algunos casos hasta que el trabajador acepta reducir el monto de la condena. Esta práctica, aunque informal, prolonga injusticias y genera una carga financiera creciente para el erario.
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A pesar de haber ganado en todos los frentes legales, el médico sigue esperando justicia plena. Mientras tanto, su caso se convirtió en un símbolo de los obstáculos que enfrentan los trabajadores públicos para hacer valer sus derechos frente a una burocracia que, en muchos casos, se escuda en la demora.
