Washington ha intensificado su presión sobre México para que actúe contra políticos presuntamente ligados al crimen organizado y los envíe a Estados Unidos en caso de que existan cargos en su contra. De acuerdo con información obtenida por Reuters, esta demanda ha sido reiterada en reuniones diplomáticas de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y miembros del gabinete mexicano.
Entre los principales interlocutores está el Secretario de Estado de EUA., Marco Rubio, quien —junto con su equipo— ha planteado la exigencia al menos en tres ocasiones. Las conversaciones, que incluyeron amenazas de aranceles comerciales, buscan que el gobierno de Claudia Sheinbaum emprenda una ofensiva inédita contra la narcocorrupción, incluso si esto implica procesar a integrantes de su propio partido, Morena.
Según las fuentes citadas por la agencia, las presiones se materializaron formalmente en una reunión celebrada el 27 de febrero en Washington, donde participaron, por parte de México, el canciller Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del lado estadounidense estuvieron presentes la fiscal general Pam Bondi y altos funcionarios de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y del Tesoro.
Hasta ahora, ni la Presidencia mexicana ni las dependencias involucradas han emitido una postura. Tampoco lo han hecho la Casa Blanca ni el Departamento de Estado.
Como muestra de buena voluntad, México extraditó a 29 miembros de cárteles hacia finales de febrero, en lo que se considera el mayor envío de este tipo en años. No obstante, el tema central de las discusiones ha girado en torno a la posibilidad de arrestar y procesar a políticos en funciones, una línea que México tradicionalmente ha evitado cruzar por sus implicaciones políticas y legales.
A pesar de que la Fiscalía General mexicana goza de autonomía constitucional, autoridades estadounidenses han acusado reiteradamente a México de proteger a figuras políticas señaladas por sus vínculos con el narco. Entre los nombres mencionados en las conversaciones aparece el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien recientemente reveló que tanto ella como su esposo fueron despojados de sus visas por el gobierno de EUA, sin explicación oficial.
Según las fuentes consultadas, cinco políticos activos de Morena y un exsenador han sido señalados en estas pláticas. Sin embargo, no hay confirmación de que Washington haya entregado evidencia formal o listas de nombres a las autoridades mexicanas.
Por otro lado, en un intento por fortalecer la cooperación antidrogas, funcionarios estadounidenses han sugerido la designación de un “zar del fentanilo” que mantenga contacto directo con el equipo de Sheinbaum para coordinar acciones contra el tráfico de opioides, uno de los principales detonantes de la actual crisis de sobredosis en EUA.
También se ha pedido a México que refuerce la revisión de mercancías y viajeros en los cruces fronterizos, lo que formaría parte de una estrategia más amplia para frenar el flujo de drogas y dinero ilícito hacia el norte.
El precedente más significativo de este tipo de acciones fue la captura del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, que provocó tensiones diplomáticas entre ambos países. El retiro posterior de los cargos por parte de EUA y la falta de proceso en México dejaron una marca profunda en la cooperación bilateral en temas de narcotráfico.
Perseguir a políticos en funciones podría reavivar esas tensiones, aunque para Washington, la tolerancia cero frente a la narcopolítica parece ser ahora una prioridad inamovible.
EUA presiona a Sheinbaum por narcopolíticos de Morena, según Reuters
