Empresarios advierten riesgos en reforma antilavado y piden equilibrio regulatorio
Frente a la discusión legislativa sobre la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación por los efectos negativos que la propuesta podría tener sobre la operación de miles de empresas formales, en especial las micro, pequeñas y medianas (Mipymes).
El organismo patronal reconoció la relevancia de combatir el lavado de dinero y mejorar la transparencia financiera, pero subrayó la necesidad de hacerlo con eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo. Coparmex advirtió que las modificaciones planteadas imponen nuevas obligaciones desproporcionadas a quienes realizan actividades vulnerables, como la identificación exhaustiva de clientes y beneficiarios, vigilancia de operaciones y limitaciones al uso de efectivo, lo que, en su opinión, no considera la falta de bancarización en amplias regiones del país.
Implementar estas medidas, señalaron, requeriría importantes inversiones en tecnología, capacitación y servicios externos, lo cual podría ser inviable para muchas Mipymes. Además, alertaron sobre sanciones que superarían los 7.3 millones de pesos, incluso sin necesidad de probar dolo en ciertos casos, lo que implicaría una carga jurídica riesgosa.
Coparmex también expresó que una regulación excesiva puede ser contraproducente si no se implementa con una visión realista del entorno económico mexicano. Aseguró que exigir cumplimiento estricto e inmediato podría generar un retroceso al incentivar prácticas informales o el cierre de negocios que no logren adaptarse, afectando el empleo y la formalidad.
Coparmex hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que el análisis de la minuta se base en el diálogo y la evidencia, y propuso un modelo normativo proporcional, escalonado y con incentivos, que permita cumplir con los estándares internacionales sin afectar la viabilidad de los negocios.
"Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la supervivencia empresarial", sentenció el organismo. "México necesita normas efectivas que impulsen el desarrollo, no que lo frenen".
