(EL UNIVERSAL)
La impunidad en los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres que forman parte del Ejército es desolador. Aunque en los últimos 12 años la Fiscalía General de Justicia Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, hostigamiento sexual, abuso y acoso sexual, sólo ha conseguido 17 sentencias condenatorias, apenas 3.2% de los casos llevados a tribunales.
La información obtenida a través de la ley de transparencia revela también que ninguno de los ocho generales acusados de delitos sexuales ha sido sentenciado definitivamente, ya que han sido absueltos o las investigaciones se han archivado antes de llegar a juicio.
Sólo existe un registro corroborado de que se haya dictado sentencia en firme a un jefe militar: fue el del mayor Carmelo Patiño Nájera, quien fue condenado cuatro años después de que la soldado auxiliar peluquera Naybeth Arzate presentara en 2018 una denuncia en su contra por violación.
La soldado cuenta en entrevista que cuando quiso denunciar la violación ocurrida en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, Chihuahua, se enfrentó a la burocracia militar. De una oficina la mandaban a otra y luego a otra. Cansada de que durante tres meses la trajeran de aquí para allá, decidió desertar.
Posteriormente, la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército la contactó para darle seguimiento, pero tuvo que reintegrarse para que su queja procediera. Naybeth no sabía que existía un protocolo de atención para casos como el suyo: "No es como que te protegieran o te dijeran: ‘Estos son tus derechos, tú puedes dar parte y si no te hacen caso aquí, puedes ir a otro lado’; no hicieron nada de eso", se queja.
La primera sentencia en contra de su agresor la dictó un Tribunal Militar de Juicio Oral en noviembre de 2019 y le impuso una pena de 12 años de prisión, según el expediente judicial consultado. La defensa del mayor apeló la decisión en enero de 2020, pero un tribunal castrense confirmó la condena.
El mayor Patiño Nájera buscó entonces la protección de la justicia federal del ámbito civil y presentó un amparo que lo favoreció echando abajo la sentencia condenatoria de primera instancia y ordenándole al tribunal militar declararse incompetente, lo que permitió enviar el caso a un juez en Chihuahua.
Finalmente, en agosto de 2022 se emitió una sentencia de ocho años, pero el caso no terminó ahí, dice Naybeth, ya que en enero de 2025 un juez le concedió a su agresor libertad anticipada por buena conducta.
Según datos de la Fiscalía de Justicia Militar, información localizada en los correos filtrados por el grupo Guacamaya y expedientes del Poder Judicial de la Federación, en la mayoría de los 49 casos que involucran a jefes (coroneles, tenientes-coroneles y mayores) tampoco ha habido sentencia definitiva.
La revisión de expedientes y estadísticas de los juzgados castrenses, del Supremo Tribunal Militar y del Poder Judicial de la Federación muestra que las pocas sentencias de culpabilidad recayeron en militares de menor rango.
Argumentos revictimizantes
Las víctimas no sólo deben resistir un proceso penal largo, tedioso y burocrático. A la par, tienen que hacer frente a un mundo judicial militar cargado de estereotipos y prejuicios, a abogados que realizan preguntas morbosas, a jueces con argumentos sexistas y a magistrados que emiten fallos sin perspectiva de género y realizan juicios machistas y morales.
En la veintena de expedientes judiciales revisados para esta investigación se encontró que los abogados de la Defensoría de Oficio Militar, quienes representan a los presuntos agresores, y los magistrados del Tribunal Superior Militar intentaron desestimar las acusaciones de las mujeres denunciantes.
Una joven soldado de Baja California acusó penalmente a un capitán segundo de Infantería de haberla violado en el asiento del copiloto de un automóvil; la defensa del implicado intentó desacreditar la declaración de la víctima al asegurar que su actitud ante el ataque "no fue altamente reactiva", ya que no luchó ni pateó para evitar la agresión, según la causa penal 495/2018.
Un teniente oficinista fue acusado en octubre de 2017 de tocar los pechos y meter sus manos por debajo de la ropa interior de una cabo en Reynosa, Tamaulipas.
El juez estimó que no podía considerarse abuso sexual porque el teniente "no tenía la excitación o impulso de satisfacer una avidez sexual, ya que, de ser así, hubiese introducido sus dedos en la vagina de la joven o incluso llegado a la cópula", se lee en el fallo judicial TP3-043/2019.
Un teniente coronel de Sanidad fue señalado de tocar con su cara los senos de una soldado asistente de Enfermería en el Centro de Rehabilitación Infantil ubicado en el Campo Militar 1-A. La defensa del oficial consiguió el historial clínico y sicológico de la víctima para hacerla ver como una persona que tiende a exagerar los problemas.
"Se percibe dentro de una familia disfuncional, lo que puede afectar su equilibrio emocional; identificando a una persona dependiente, insegura y carente de herramientas de afrontamiento y percibiéndose conflictos sicológicos con la figura masculina", manifestó el abogado.
"Reclasificación" de la violencia sexual
En 2018 y 2019, la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS), principal instancia a la que se canaliza a las víctimas, registró un aumento en las denuncias, según una presentación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizada en archivos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.
El hecho es que en 2018 HAS recibió 77 quejas y denuncias, y otras 77 en 2019, según información obtenida por transparencia. Ante el repunte de denuncias, la Dirección General de Derechos Humanos realizó una clasificación "adecuada y objetiva" de casos catalogados como HAS, ya que se estaban contando denuncias que no cuadraban en patrones de hostigamiento y acoso sexual. Después de que valoraran nuevamente cada caso, se logró una disminución de 63.95%, según datos reportados por esta instancia.
Entre los casos que excluyeron estaban los de mujeres que denunciaron que como represalia por no ceder a insinuaciones sexuales les habían designado trabajos y comisiones; los de "abusos sexuales relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes" que ocurrieron fuera de instalaciones castrenses; los que provenían de mujeres que habían dejado de "obtener beneficios" tras sostener relaciones consensuales con militares, y aquellos en que hubo "sospechas" de que los "dichos" de las mujeres eran falsos.
Los datos oficiales reflejan que, a partir de entonces, las cifras mostraron una caída: 50 y 44 casos, en 2020 y 2021, respectivamente.
Terapias para el olvido
Seis mujeres militares entrevistadas para esta investigación señalan que el objetivo de la terapia es que "olviden", "sanen" o "perdonen" a sus agresores para que no procedan legalmente contra ellos.
Martha dice haber sido víctima de hostigamiento por parte de un mayor en Durango. El jefe, que siempre la invitaba a comer a su oficina, le hacía comentarios incómodos, a los que intentaba no darles tanta importancia, pero luego siguió con una serie de toqueteos que la fueron alarmando.
"Me picó el abdomen con un dedo, diciéndome que estaba muy flaquita, que tenía unos labios que se antojaban morder, luego me invitó a tomar [unos tragos] fuera de la oficina", recuerda en entrevista.
Una mañana de finales de 2023, mientras ella le preparaba un café, la arrinconó de forma violenta hacia la pared para besarla, justo donde la cámara no alcanzaba a grabar. Incrédula, se apartó y le pidió que no lo volviera a hacer, indica en la entrevista para este reportaje.
Después de diversas trabas para denunciar, logró mandar su queja a un correo electrónico de la oficina HAS: "Lo que hicieron fue mandarme a otra zona militar [al sur del país], mientras que él siguió donde mismo, haciendo lo mismo con otras compañeras".
Ya no pudo seguir viendo a sus dos hijos, que quedaron al cuidado de la abuela. Así estuvo durante un tiempo hasta que desertó.
Su caso ni siquiera fue turnado al Órgano Interno de Control (OIC), y como no realizó denuncia ante la Fiscalía Militar, el expediente ante la oficina HAS se cerró con la recomendación al agresor de que tomara un curso de manejo de las emociones.
Martha, de quien se omite su verdadero nombre para no ponerla en mayor vulnerabilidad, afirma que la canalizaron a terapia: "Eso buscan: que sanemos y olvidemos, o nos cansemos, como yo".
Se buscó a la Sedena para conocer su postura, y también a la contraparte de los militares mencionados a través de la oficina de comunicación, pero no hubo respuesta.
Este trabajo fue apoyado por el Pulitzer Center.
