Personas que se desempeñaban y otras que aún laboran como juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acoja el trámite de petición de denuncias por violaciones a los derechos humanos, derivadas de la reforma judicial implementada a partir del 15 de septiembre de 2024.
A través de la representación de Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de Nueva York, se presentó dicha petición, bajo el argumento de la reforma introdujo transformaciones estructurales sin precedentes, incluyendo la destitución masiva de personas juzgadoras y la instauración de un sistema de elección popular para estos cargos.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, refiere el documento dado a conocer por dicho programa.
La escala, el alcance nacional y el impacto inmediato de la reforma hacen indispensable una respuesta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta Reforma constituye un mecanismo de politización de la judicatura. La reforma no busca fortalecer la independencia, sino que socava todos los estándares desarrollados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre este punto. México podría haber optado por una reforma constitucional debatida de buena fe, orientada a fortalecer el sistema de justicia y respetar los estándares internacionales, aun con la implementación de un método de elección popular.
Esto no sucedió, ya que la reforma judicial carece de sustento técnico y se apoya únicamente en argumentos de carácter político, sin un diagnóstico que la sustente.
Las personas peticionarias han sido víctimas de múltiples violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un contexto de estigmatización pública, deslegitimación sistemática del Poder Judicial y debilitamiento institucional impulsado desde el Poder Ejecutivo.
La reforma ofreció dos alternativas a las personas juzgadoras en funciones: abstenerse de participar en el nuevo proceso de designación y, en consecuencia, renunciar a su cargo o someterse a un procedimiento de selección aleatorio y politizado que contraviene principios fundamentales del SIDH para el nombramiento judicial, tales como el mérito, la objetividad y la transparencia.
Se vulneró la independencia judicial al eliminar la garantía de inamovilidad y sustituir los mecanismos de selección basados en mérito por procedimientos altamente politizados, socavando la autonomía del Poder Judicial y su función como garante de un Estado democrático de derecho. Asimismo, el Estado infringió el derecho al trabajo mediante ceses arbitrarios, forzando a las personas juzgadoras a participar en elecciones sin las mínimas garantías.
La reforma también vulneró el principio de igualdad y no discriminación, afectando a personas que habían accedido a sus cargos mediante concursos públicos con enfoque de género y acciones afirmativas, lo que implicó un retroceso en la participación de las mujeres en la judicatura. Además, altos funcionarios del Poder Ejecutivo afectaron la honra y dignidad de las y los juzgadores, quienes los acusaron de corrupción y nepotismo sin pruebas, debido proceso, ni acceso a un recurso judicial efectivo al cerrarse toda posibilidad de control de constitucionalidad o convencionalidad.
Cabe destacar que esta petición no tiene como fin revertir los efectos de una Reforma Judicial tan amplia que, para el momento en que se emita una decisión, ya se habrá implementado en su totalidad y habrá modificado de manera irreversible toda la estructura institucional del Poder Judicial en México.
Se busca, ante todo, una reparación integral por la violación de los derechos humanos de estas personas, a raíz de la Reforma Judicial. También se pretende fortalecer estándares de independencia judicial en el SIDH, reafirmar el rol esencial de los tribunales como garantes del Estado de derecho y prevenir que, bajo discursos no probados de “corrupción” o “privilegios”, se consoliden prácticas autoritarias que debiliten los pesos y contrapesos y los derechos humanos en la región.
