Coparmex respalda estrategia federal contra la extorsión
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno Federal, calificándola como una medida urgente y necesaria ante uno de los delitos más lesivos para el sector productivo. Aun así, advirtió que su éxito dependerá de que se acompañe con reformas legislativas profundas, especialmente la expedición de una Ley General de Extorsión que coordine su combate en todo el país.
El organismo empresarial celebró el anuncio de la presidenta de México sobre la presentación de una iniciativa legal en la materia para el próximo periodo legislativo. Desde 2023, la organización ha impulsado una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar contra la extorsión y articular las acciones entre autoridades locales y federales.
“Sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay inversión, y sin legalidad no hay futuro”, enfatizó en su posicionamiento.
Según datos oficiales, en México cada día más de 32 personas son víctimas de extorsión, generando pérdidas superiores a los 26 mil millones de pesos tan solo en 2024. El fenómeno impacta directamente a las empresas: el 49.5% de los afiliados a Coparmex considera la inseguridad como el principal obstáculo para crecer.
En ese sentido, la Confederación destacó que el 12.8% de sus socios ha sido víctima de extorsión, especialmente vía telefónica (70.5%), lo que ha motivado propuestas como la creación de Unidades Antiextorsión locales, siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata.
La organización pidió también adaptar los protocolos nacionales de atención a víctimas a las realidades regionales, y que se atienda con firmeza el fenómeno de llamadas de extorsión provenientes de centros penitenciarios. Además, propuso fortalecer la prevención con campañas educativas que reconstruyan el tejido social y promuevan una cultura de legalidad.
Las Mipymes, generadoras del 65% de empleos formales en México, son las más vulnerables, por lo que se planteó brindarles asesoría legal, atención rápida y programas de protección.
