El gobierno estatal busca revivir el proyecto para establecer empresas formales en los centros penitenciarios y generar empleos para quienes purgan condenas por diversos delitos, por lo que en días pasados se constituyó el Comité de Fomento Laboral Penitenciario.
La secretaria del Trabajo en el Estado de Durango, Berenice Morales, dijo que la estrategia, que ya se había considerado años atrás, forma parte del Plan México de la Federación y que el gobierno estatal impulsa para alcanzar los objetivos de generar inversión y empleo.
“Se están llevando acciones no solamente para quienes están en condiciones de tener el acceso a un trabajo digno, sino que también se están dirigiendo programas hacia grupos vulnerables, como en este caso las personas privadas de la libertad”, comentó la funcionaria.
En la integración del Comité se tuvo la participación de Ignacio Aguado Hernández, director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía federal, quien junto con la Secretaría de Trabajo del mismo orden, se exhortará al sector empresarial a invertir en las áreas penitenciarias, concretamente en el centro penitenciario de Guadalupe Victoria y el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 14 de Gómez Palacio.
Berenice Morales dijo que en ambos casos, se dispone de naves industriales que ya están totalmente equipadas con energía y agua para que las empresas se establezcan, donde además podrán tener ventajas e incentivos, como el no pagar arrendamiento ni los servicios, a cambio de generar empleos remunerados para este sector.
Recordó que las instalaciones se crearon hace diez años y, sin embargo, no ha habido quien quiera aprovechar estos espacios y comprometerse con las personas privadas de la libertad, quienes según indicó, también tienen derecho a un trabajo digno.
Actualmente, en el Cefereso de Gómez Palacio, unos 90 internos participan en tres diferentes actividades, que son la carpintería, elaboración de cajas de cartón una pizzería local y herrería; sin embargo, podrían llegar a establecerse ensambladoras de muebles o incluso la fábrica completa, además de otros giros, dependiendo de los ajustes que se pudieran hacer en los procesos de producción.
Estas personas reciben el salario mínimo vigente, y la intención es que mediante el programa tengan acceso a todos los derechos laborales y beneficien a sus familias, en lugar de representarles una carga económica mientras permanecen recluidos.
La secretaria de Trabajo dijo que el estado de Durango es el quinto en instalar este comité en el país, y que tras este paso, se dirigirán acciones para exhortar al sector empresarial a ser inclusivo y generar empleos no únicamente para quienes cumplen una sentencia, sino para personas ya preliberadas que por sus antecedentes penales, enfrentan barreras para colocarse.
De antemano, dijo, la actividad debe coincidir con la condena que cumple cada persona, además de revisar el perfil idóneo, sin que su integración represente un riesgo para los demás internos que ejercen su trabajo de forma correcta.
