Ciudadanos de EUA son acusados de proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera. (ARCHIVO)
El tráfico de huachicol de México a Estados Unidos, tiene un nuevo capítulo. Por primera vez, ciudadanos estadounidenses han sido acusados de proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera.
Se trata de la familia estadounidense Jensen, detenida el pasado 23 de abril en Río Hondo, Texas. James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Hensen, de 25, fueron imputados formalmente con los cargos de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera (el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG), contrabando de bienes, lavado de dinero y declaraciones falsas ante aduanas, de acuerdo con los detalles de la acusación de la fiscalía, presentada el 22 de mayo.
Kelly Kensen, esposa de James, y otro de los hijos del matrimonio, Zachary, han sido señalados por lavado de dinero.
El caso está relacionado con la empresa Arroyo Terminals, de la que James aparece como propietario, y que, en alianza con el CJNG, traficó 2 mil 881 envíos de crudo de México a Estados Unidos desde mayo de 2022. El crudo era disfrazado de aceite usado o de otras cosas, para, una vez en suelo estadounidense -Texas, principalmente-, mezclarlo con crudo estadounidense, lavarlo y revenderlo, ya sea en territorio norteamericano o a otros países, incluyendo Centro y Sudamérica, el Caribe y Europa.
El impacto legal de las acusaciones es mayor, ya que, por primera vez, ciudadanos estadounidenses enfrentan cargos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, una etiqueta reservada hasta hace poco para grupos como Al-Qaeda o Hezbollah y extendida, desde febrero, a seis cárteles mexicanos de la droga, incluyendo el CJNG.
A mediados de mayo, dos mexicanos habían sido acusados ya en Estados Unidos de "apoyo material al terrorismo", por colaborar también con el CJNG. Pero hasta ahora, los estadounidenses habían librado ese tipo de cargos.
Las penas potenciales para los Jensen no son menores: hasta 20 años de prisión por los dos delitos principales, más otros 10 a 15 años por cargos adicionales, incluyendo el uso fraudulento de documentos aduanales. El proceso judicial ya ha comenzado, y aunque los Jensen fueron liberados bajo condiciones restrictivas, sólo se pueden mover con monitoreo GPS, limitaciones de viaje y sin posibilidad de manejar recursos financieros. El Departamento de Justicia confirmó que busca además el decomiso total de sus activos, que ascienden a más de 300 millones de dólares."Este caso no se trata sólo de crudo robado, se trata de cómo una organización terrorista puede infiltrar los sistemas legales y financieros de Estados Unidos con la ayuda directa de ciudadanos estadounidenses", dijo el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. "No basta con detener a traficantes, vamos tras quienes lavan dinero, proveen infraestructura y permiten que el crimen organizado opere desde dentro del sistema" estadounidense, advirtió.
La investigación reveló además que el petróleo robado no era simplemente almacenado, sino mezclado y distribuido en el mercado nacional e internacional como insumo legal. De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia, "las ganancias se movían a través de cuentas bancarias entre Wells Fargo y Bank of America, enviadas a entidades pantalla ligadas al CJNG". El IRS, FinCEN, FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro trabajan de forma coordinada para rastrear estos movimientos financieros. "Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico se transformó en un caso de crimen energético y terrorismo financiero", dijo William Kimbell, director interino de la DEA en Houston.
Además de Arroyo Terminals, las autoridades federales han identificado otras empresas en Texas, Nuevo México y el oeste de EUA con esquemas operativos similares: instalaciones discretas, licencias dudosas o inexistentes, triangulación contable, facturas falsas y crudo de origen mexicano camuflado para su ingreso. "En Permian Basin [Cuenca Pérmica], el FBI investiga robos recientes de crudo a empresas locales, señal de que las técnicas del huachicol mexicano se han internalizado dentro del sistema energético estadounidense", dice la fuente del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia no descarta ampliar las pesquisas a funcionarios estatales, incluidos inspectores, fiscales y reguladores ambientales que, por acción u omisión, permitieron que Arroyo Terminals operara sin licencia industrial y sin controles reales durante al menos cinco años. "Este tipo de silencio sólo es posible cuando hay miedo, colusión o ambas cosas", dijo un vocero de la fiscalía federal estadounidense.
