La inestabilidad que vivió Pakistán durante 2023 propició una severa caída de los derechos humanos en el país, que se vio reflejada en la represión sistemática de la oposición, la censura de Internet o la expulsión de miles de afganos, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
La organización internacional pro derechos humanos destacó que el país asiático experimentó en el último años un vaivén político con el arresto de arresto del líder opositor, Imran Khan, y de miles de sus seguidores, en su análisis "La situación de los derechos en el mundo", que publicó ayer.
El informe se mostró especialmente crítico con la expulsión de casi medio millón de refugiados afganos que vivían en Pakistán sin permiso de residencia, muchos de ellos tras haber huido de Afganistán después de la llegada de los talibanes al poder.
Esta medida, que el Gobierno anunció en septiembre, propició el hostigamiento, la detención y la discriminación contra los afganos, y llevó a que miles de ellos acabaran recluidos en centros de detención, agregó.
La organización internacional también criticó los ataques contra la libertad de expresión cometidos por el Gobierno, que impuso en varias ocasiones una prohibición indefinida de Internet o de acceder a las redes sociales.
Amnistía Internacional se hizo eco también de informes de algunas ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de un hombre acusado de terrorismo en Baluchistán el pasado noviembre.
