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Estado de Derecho

Estancado Estado de Derecho en México, según WJP; Coahuila y Durango en lugares 7 y 8

Palacio de Justicia. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Palacio de Justicia. (EL SIGLO DE TORREÓN)

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Coahuila y Durango ocupan el séptimo y octavo lugar en el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, con puntajes que aunque están por encima del promedio nacional de las 32 entidades del país, muestran un escaso avance respecto a la edición anterior.

En los dos casos, el puntaje fue de 0.45, sobre el promedio nacional de 0.42 en la medición global, que incluye ocho factores evaluados como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.

El estudio, elaborado por el World Justice Project México (Proyecto de Justicia Mundial o WJP por sus siglas en inglés) refleja que ningún estado del país llega a una calificación perfecta; la puntuación más alta es de 0.49, en Querétaro, por lo que todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.

Los resultados evidencian “un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición”, establece.

Sin embargo, reconoce esfuerzos de los estados de Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora que han presentado mayores avances a lo largo de 10 años.

“Los casos de estas entidades merecen ser analizados para identificar cuáles fueron los diagnósticos, estrategias e instrumentos programáticos que los llevaron a estos resultados”, refiere el Índice del WJP.

El estudio bianual captura la percepción y experiencia de más de 12 mil 800 personas y 2 mil especialistas de todo el país.

El WJP evalúa diversos aspectos del Estado de Derecho, como el cumplimiento de la ley, la ausencia de corrupción, los derechos fundamentales, el orden y seguridad, y la justicia civil y penal. Los resultados muestran la necesidad continua de medidas para fortalecer las instituciones y garantizar un sistema legal sólido y equitativo en México y sus estados.

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