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Elecciones 2024

Alianzas electorales, sin regulación adecuada en México

Falta regular lo que sucederá después entre las alianzas después de la elección

El PRI, el PAN y el PRD pactaron una alianza para competir contra Morena en las elecciones federales del 2024. (ARCHIVO)

El PRI, el PAN y el PRD pactaron una alianza para competir contra Morena en las elecciones federales del 2024. (ARCHIVO)

MARÍA ELENA HOLGUÍN

México transita hacia un sistema bipartidista a través de las coaliciones de partidos políticos, aunque estas alianzas deben ser lo suficientemente reguladas para que, al llegar a gobernar, representen los intereses de la ciudadanía que las lleve al poder mediante el voto.

Juan José Rojas Torres, maestro en Derecho Constitucional e Historia, abogado y docente de la Universidad Iberoamericana planteles Torreón y León, refiere que, aunque la Constitución considera la figura de gobiernos de coalición, el sistema presidencialista que aún predomina no ha dado lugar a una ley general, de manera que los acuerdos entre los partidos siguen estando sujetos a la voluntad política de quien ostenta el poder.

De acuerdo con la reforma a los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política, aprobada el 10 de febrero de 2014, para el sexenio 2018-2024 el presidente de la República podía optar por esa forma de gobierno en cualquier momento de su gestión, sin estar sujeta a un plazo de duración.

Los gobiernos de coalición tienen su origen en sistemas parlamentarios, predominantes en Europa, donde es necesario un acuerdo parlamentario para investir al presidente del gobierno; en nuestro país, aunque las coaliciones electorales han dado lugar a gobiernos pluripartidistas, no necesariamente se han conformado gabinetes plurales.

En la historia del México independiente, señala, sólo había conservadores y liberales, por lo que el bipartidismo no es nuevo ni está fuera de lugar que el país transite hacia ese modelo, igual que en Estados Unidos, países europeos e incluso algunos de América Latina donde hay una dualidad de fuerzas contendientes.

El especialista señala que las crisis internas que viven los partidos políticos son parte de esa transición, después de un periodo en que el país se abrió a un sistema más democrático, a partir de la década de los 80, cuando irrumpieron diferentes fuerzas políticas; "la historia nos dice que, en estos casos, conforme va avanzando la democracia, esas fuerzas se van aglutinando, es algo natural".

Mientras el sistema electoral ha tenido múltiples modificaciones, regularmente después de cada proceso, el de partidos no se ha reformado lo suficiente, por lo que ya no responde a la realidad actual en la que, para que éstos sobrevivan, deben aliarse sin que exista una regulación de por medio.

Es por ello que la ley electoral sí contempla todo lo relacionado con las coaliciones o alianzas entre partidos previo a una elección, y está regulado en función de los tiempos para hacer solicitudes de registro de éstas ante los órganos electorales.

Lo que hasta ahora sigue faltando, es regular lo que sucederá después de una elección, el cómo estas fuerzas políticas y los intereses de la ciudadanía que les dio el voto se verán reflejados en una forma concreta de gobernar.

COAHUILA PODRÍA SER EJEMPLO NACIONAL

En mayo de 2023 se creó la Ley de Gobiernos de Coalición para el Estado de Coahuila de Zaragoza, luego de que se actualizó la ley electoral y en noviembre de 2022 se modificó el Artículo 82 de la Constitución Política estatal para permitir su conformación.

La ley estatal establece que las fuerzas políticas que compitan juntas en una contienda electoral y resulten ganadoras, tendrán que celebrar un convenio y proyecto de gobierno que cuente con el aval del Congreso, y en el que evidentemente deben estar representados los intereses de cada uno de esos partidos.

Sin embargo, señala Rojas Torres, es una legislación bastante débil porque menciona que el gobernador tiene la facultad de dar por rescindido el convenio de coalición, incluso de forma unilateral, lo que demuestra que la facultad de éste sigue anclada a la figura presidencialista.

En la pasada elección local de 2023, el voto de los coahuilenses llevó a la Alianza ciudadana por la seguridad que integraron los partidos PRI, PAN y PRD al primer gobierno de coalición en la historia del estado, y dos meses después de haber iniciado funciones, el convenio no se ha formalizado y, a cambio de ello, los ciudadanos han sido testigos de otro tipo de arreglos.

"Lo que vimos fue un pacto entre caballeros, donde se evidencia que los gobiernos de coalición están en pañales en el país; esta manera de repartirse puestos y cargos hasta de organismos autónomos y magistraturas es ilegal", dice en referencia al escrito que hace algunas semanas hizo público el líder nacional del PAN, Marko Cortés, reclamando supuestos acuerdos incumplidos por el gobernador Manolo Jiménez.

En el documento, firmado por el entonces candidato a la gubernatura y los dirigentes del PRI y PAN, se enlistaba una serie de posiciones y cargos en el gobierno a ocupar por estos últimos, candidaturas para el proceso electoral en curso y hasta notarías.

Con las bases legales suficientes, Coahuila está desperdiciando la oportunidad de ser un ejemplo nacional, exhibiendo ese tipo de arreglos que están muy alejados de lo que debería ser un gobierno de coalición.

PRECAMPAÑAS, "UN CIRCO"

Para Juan José Rojas, el periodo de precampañas de las dos principales contendientes a la presidencia del país fue "un circo", puesto que, gracias a los acuerdos previos entre los partidos políticos a través de las alianzas, ya estaba decidido quiénes iban a ser las aspirantes.

La simulación de la precampaña se hizo solamente para cumplir la ley y no recibir sanciones, pero lo que esto demuestra es que el concepto de las precampañas ya es inoperante, obsoleto y está fuera del contexto electoral de nuestro país, aunque su existencia en la ley electoral no rebasa los 10 años.

"Se debe reformar nuevamente la ley electoral en ese sentido, viendo el escenario actual de las coaliciones, y porque la regulación de las precampañas también es una carga fuerte para el INE, en el sentido de revisar gastos de cada partido, los tiempos y demás", considera.

Otro tema a considerar es la escasa representación ciudadana que los partidos exhibieron en las listas de candidaturas plurinominales que se disputarán en las próximas elecciones, lo que evidencia que la distribución de viejas cuotas de poder sigue vigente.

"Como dijo Emilio Álvarez Icaza, esto no ayuda a la democratización del sistema de partidos, pues los ciudadanos siguen sin tener la garantía de que estarán representados en el ejercicio del poder".

DESINTERÉS POR LO PÚBLICO

La apatía de los mexicanos se atribuye a que, en medio de una democracia realmente nueva, incipiente, que se ha dado a partir de las últimas cuatro décadas, el gobierno no ha desarrollado una política pública concreta de educación cívica y electoral que incentive la participación ciudadana, para el ejercicio de una auténtica democracia.

Al respecto, el docente de la Universidad Iberoamericana considera importante que el Estado sea el eje rector de una política pública que potencialice la participación, pero que también sensibilice sobre la importancia de hacerlo.

"Vemos que el tema del interés público no está fuertemente anclado entre la ciudadanía, que está un tanto alejada de los problemas comunes, esto no solo es un problema del sistema político sino también del educativo", indica.

"La filósofa española Adela Cortina propone al respecto que los ciudadanos deberíamos de participar, por lo menos una vez en la vida, en espacios de decisión pública, lo que puede contribuir a la educación cívica y hacernos responsables de aspectos que nos conciernen a todos.

Esto podría cambiar la forma en que vemos el ejercicio de lo público, que seguimos atribuyéndolo únicamente a los políticos", refiere Juan José Rojas Torres, quien señala que la filósofa española también plantea que no debería existir el oficio del político en el que algunas personas transcurren toda su vida y se enriquecen de ello.

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Juan José Rojas Torres refiere que, aunque la Constitución considera la figura de gobiernos de coalición, el sistema presidencialista que aún predomina no ha dado lugar a una ley general. (MARÍA ELENA HOLGUÍN / EL SIGLO DE TORREÓN)

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