(Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)
Trabajadores sindicalizados de la Planta 2 de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 288 Sindicato Democrático pero simpatizantes del Sindicato Nacional Minero, tomaron las instalaciones del recinto a la fuerza.
En un ambiente de tensión los obreros forzaron la entrada principal, que había sido cerrada desde el interior por los miembros del comité local del sindicato.
Insultos y agresiones verbales acompañaron la toma del edificio, mientras que sus ocupantes se retiraron de lugar para evitar violencia física.
Los sindicalistas opositores del Democrático, luego de expulsar a los dirigentes que estaban en el edificio, nombraron una comisión que acudió al Ministerio Público a presentar una demanda penal en contra del secretario General local Francisco Ríos Treviño, por administración fraudulenta.
Los simpatizantes del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia señalan ser los titulares del trabajo de la Sección 288 con AHMSA y obtuvieron el apoyo de un nutrido grupo de socios de la organización, inconformes por llevar un mes sin cobrar su salario en la empresa.
La siderúrgica se encuentra en una situación financiera delicada, al ser declarada en la quiebra por sentencia el 30 de enero pasado en el juzgado de primera instancia en materia civil del distrito judicial de Monclova.
Desde diciembre no produce, y apenas hace unos días le instalaron la energía eléctrica.
La empresa estuvo pagando de manera irregular los sueldos de los trabajadores hasta que las últimas cuatro semanas dejó de cumplir.
Las necesidades económicas de los trabajadores llevaron a un nivel de inconformidad que género en reclamos a la dirigencia local y nacional del sindicato, que por más gestiones que realizó no consiguió en cuatro semanas que se pagara el salario retrasado.
Los simpatizantes del Sindicato Nacional Minero acusaron al comité local de la sección 288 de disponer indebidamente de fondos de diferentes grupos, así como el fondo de ayuda y otros recursos del sindicato.
Esto fue lo que denunciaron al ministerio público y señalaron que se trata de administración fraudulenta.
