(EFE)
Los centros educativos públicos y privados de Guatemala suspendieron este domingo sus clases presenciales programadas para el lunes debido a un paro nacional que busca la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras Argueta.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación guatemalteco informó que dictaminó la suspensión "ante los bloqueos" que se realizan en varios puntos del territorio.
La "medida de prevención" incluye a "establecimientos educativos públicos y privados", recalcó el Ministerio de Educación.
Los bloqueos empezaron 2 de octubre, convocados por una organización indígena, y han sido respaldados por la población al punto de organizarse improvisadamente para promover este lunes un paro nacional de labores hasta que no dimita Porras Argueta.
La fiscal general es señalada por los manifestantes de intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, que resultaron en la sorpresiva victoria del candidato progresista Bernardo Arévalo de León.
Las manifestaciones fueron convocadas e iniciadas el pasado lunes por la organización indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes.
En la noche de este domingo, los bloqueos se multiplicaron en Ciudad de Guatemala, donde vecinos de la urbe han advertido en varias avenidas principales que no cederán hasta que renuncie Porras Argueta, según constató EFE.
Por su parte, los miembros 48 cantones de Totonicapán han dividido sus esfuerzos con protestas frente al Ministerio Público en la capital guatemalteca y también en su departamento, donde tiene bloqueado el paso en sus principales carreteras.
La organización indígena también ha subrayado que no se moverán de los bloqueos y frente a la Fiscalía hasta que la jefa del Ministerio Público no deje su cargo.
Arévalo de León, del partido político Movimiento Semilla, acusó a Porras Argueta el 1 de septiembre de llevar a cabo "un golpe de Estado" en su contra, para evitar su investidura en enero de 2024.
El pedido de renuncia contra la fiscal general llega después de que la Fiscalía interviniera, de forma inédita, en el proceso electoral local, con el decomiso hace una semana de actas de votaciones, además de varios allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla.
