(ESPECIAL)
Falleció este miércoles Rosa Grilo a sus 115 años, la última sobreviviente de la “masacre de Napalpí”, una matanza de más de 400 indígenas perpetrada en 1924 por fuerzas de seguridad y civiles en el norte de Argentina, que constituyó un crimen de lesa humanidad.
Además de escapar del genocidio perpetrado por el Gobierno de Chaco de esa época, Grilo fue testigo fundamental en los Juicios por la Verdad que determinaron la responsabilidad del Estado Nacional, donde se dispusieron medidas de reparación en beneficio de las comunidades originarias qom y mocoví.
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, expresó sus condolencias por medio de sus redes sociales al enterarse del reciente fallecimiento de Grilo: “Hasta siempre Rosa, mujer valiente”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el actual gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, también manifestó sus pésames y decretó tres días de duelo provincial junto a un asueto administrativo para los trabajadores del sector público que pertenezcan a comunidades nativas.
“Rosa ha sido una mártir y testimonio personal de las heridas del pasado que se generaron en uno de los capítulos más crueles de nuestra provincia, pero también un gran ejemplo de reivindicaciones de los derechos de nuestras comunidades originarias, dejando un legado muy grande”, escribió en sus redes Capitanich.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Cultura argentino, Grilo murió el martes pasado, pero la noticia se supo este miércoles, según confirmaron sus familiares que vivían junto a ella en una zona rural de Chaco.
LA MASACRE
Durante 1882 se inició en la Argentina poscolonial un proceso de “reducciones indígenas” por parte del Estado, donde las tierras que habitaban las comunidades fueron vendidas a colonos europeos para explotar la producción agrícola.
Para 1924, Chaco era una provincia que producía algodón a nivel nacional y los nativos eran obligados a trabajar las tierras en condiciones de semiesclavitud, además debían entregar el 15 % de la materia prima al Estado.
En julio de ese mismo año, las comunidades qom y mocoví se declararon en huelga exigiendo mejores condiciones laborales, la respuesta de las autoridades fue un cerco de efectivos y civiles armados con fusiles que dispararon a mansalva sobre hombres, mujeres, ancianos y niños.
Tras rematar a los heridos y perseguir a quienes escaparon, las víctimas fueron enterradas en fosas comunes.
En 2019, la masacre, donde fueron asesinados el padre y varios familiares de Grilo fue declarada crimen de lesa humanidad por la justicia federal y, por lo tanto, imprescriptible.
Tres años después, la Justicia ordenó al Estado Nacional un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de víctimas y sus descendientes, y la constitución de un museo y de un sitio de memoria en el lugar de los hechos.
Además, se exhortó a la implementación de un plan de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos originarios afectados y comandó la capacitación de las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
