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Tras declarar el cese de la emergencia hídrica que regía desde junio, el Gobierno de Uruguay pronostica "tranquilidad" en el abastecimiento de agua y asegura que las obras concretadas garantizan suministro por "varios meses" frente a posibles sequías futuras.
Así lo aseguró este lunes en diálogo con EFE el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, en un diagnóstico de la situación luego de que el pasado miércoles el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunciara el fin de la emergencia hídrica vigente desde el 19 de junio para los departamentos (provincias) de Montevideo y Canelones.
"La tranquilidad es que va a haber abastecimiento de agua, que se va a mantener además la calidad de la misma y que de todas maneras el Gobierno está trabajando con esta toma de agua alternativa del (río) Santa Lucía, que es una toma del Río de la Plata para con futuras secas tener la seguridad de un aprovisionamiento de agua dulce", aseveró.
Según Amarilla, para afrontar la crisis hídrica que afectó a Montevideo y sus alrededores, el Gobierno tomó "muchas medidas" centradas principalmente en atender a las poblaciones más vulnerables y en garantizar "que no faltara nunca agua en la distribución de cañería" y emprendió obras que pueden prevenir futuras crisis.
"Las obras que se realizaron, como el trasvase del río San José -al Santa Lucía- y dos presas, una en el río San José y otra en Santa Lucía, además de la lluvia, permiten tener varias fuentes de aprovisionamiento de agua dulce que nos permite que asegurar la distribución por varios meses", subrayó.
Para el viceministro, no obstante, el trabajo no terminó y el Gobierno sigue atento al tema porque, dijo, "hay que fortalecer las capacidades del país de adaptarse y amortiguar los impactos de futuras sequías".
Si bien el suministro de agua en las cañerías de Montevideo y ciertas zonas de Canelones (sur) no estuvo interrumpido, a partir de abril la escasa reserva de agua dulce del Santa Lucía -la principal fuente de abastecimiento de la zona- llevó a que la estatal Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) la mezclara con agua salada.
Así, el Ministerio de Salud Pública debió autorizar elevar el nivel máximo de cloro y sodio permitido en el agua, decisión que acompañó con una serie de recomendaciones para el consumo de agua de grupos vulnerables, a quienes se aconsejó consumir agua embotellada.
La situación generó protestas y manifestaciones y el Gobierno tomó una serie de medidas paliativas, como la entrega de partidas de dinero para la compra de agua a determinados sectores vulnerables y la exoneración impositiva para el agua embotellada, cuyo precio se disparó por la alta demanda.
