En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para ampliar los requisitos para ser Fiscal General del Estado y Juez de la entidad. (EL SIGLO DE DURANGO)
A fin de contar con personas con integridad, honradez, solvencia moral y cívica, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para ampliar los requisitos para ser Fiscal General del Estado y Juez de la entidad.
"Representar la potestad que originalmente le corresponde al pueblo debe ser un motivo de orgullo y se debe ejercer por ciudadanos y ciudadanas que representen la integridad, solvencia moral y cívica que corresponde a la naturaleza del servicio público", dijo la diputada Patricia Jiménez.
Se pretende que los aspirantes no hayan sido sentenciados por delito intencional que amerite pena privativa de libertad o por actos de corrupción, por violencia política contra las mujeres por razones de género, violencia familiar, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, violación o feminicidio, ni ser deudora o deudor alimentario moroso.
La legisladora resaltó que la Fiscalía General del Estado es la dependencia mediante la cual la institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos ejercen sus funciones de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales de la materia, de lo que fácilmente se puede inferir la relevancia de las funciones del Fiscal.
"Estar al frente de una dependencia que realiza la investigación de las acciones señaladas como delitos y presentar a los responsables ante la autoridad jurisdiccional, le corresponde sólo a personas capacitadas y respaldadas por su integridad y su honradez", consideró a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
Para el caso de los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura, órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, se aplicarán los mismos criterios que se establecen en el artículo 122, mismo que es parte de la actual iniciativa, lo cual redundará en la solvencia moral del consejo, sustentada por la individual en cada uno de sus integrantes, aún en los que lleguen a tal cargo por propuesta del Ejecutivo del Estado y del Poder Legislativo.
