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Prisión preventiva oficiosa debe prevalecer para delitos de alto impacto: FGE

Luego de que se diera conocer que un ex docente acusado de violación se encuentra en un proceso en libertad

Márquez aseguró que la sociedad mexicana no está preparada para ello. (ARCHIVO)

Márquez aseguró que la sociedad mexicana no está preparada para ello. (ARCHIVO)

PERLA SÁNCHEZ

Luego de que se diera conocer que un ex docente acusado de violación, se encuentra en un proceso en libertad, ante la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, aseguró que la sociedad mexicana no está preparada para ello, por lo que debería prevalecer para los delitos de alto impacto.

Fue ayer que familiares de una de las dos afectadas, de nombre Valentina de 11 años de edad, quien el año pasado se suicidó, tras ser víctima por parte del ex docente, colocaron una manta en el Cristo de las Galeras para exigir justicia al gobernador Manolo Jiménez.

El fiscal general informó que fue tras la colocación de la manta que se tuvo contacto con la familia para dar atención al caso.

Recordó que este tema es de carácter internacional, donde por lo menos hay dos sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que calificó como anticonstitucional la prisión preventiva oficiosa en los procedimientos penales.

Recordó que gracias a los amparos que se conceden por estas reformas, fue autorizada la libertad al ex sub director de la Escuela Urbano Flores, tras una orden federal.

“Como fiscalía y representante de la sociedad, no estamos de acuerdo particularmente en la prisión preventiva justificada que se suprima; debe seguir para los delitos de alto impacto para lo que se hicieron”, dijo.

Recordó que es en países como los Estados Unidos donde se implementan estas medidas cautelares en homicidio incluso con el derecho de llevar el juicio en libertad, siempre que sean cauciones ejemplares.

“Allá se imponen cauciones de hasta 5 millones de dólares para que puedan estar en libertad”, dijo.

Indicó que esto es lo que lleva al acusado a poder permanecer en su domicilio con brazalete y con vigilancia en tanto se lleva su juicio y se dicta sentencia.

“Además se les extiende una garantía excepcional, pues evidentemente no es de las regulares y aun así estas medidas siguen ejerciéndose”, dijo.

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