El Ministerio Público anunció este martes en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias. (X)
El primer ministro luso, António Costa, va a presentar su dimisión, después de que la Fiscalía portuguesa anunciara una investigación contra él y miembros de su Gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias, informó la cadena de televisión CNN Portugal.
La emisora difundió esta información cuando se espera de un momento a otro una declaración oficial de Costa, que estaba prevista que comenzara a las 14:00 hora local (misma hora GMT).
El jefe del Gobierno suspendió su agenda oficial para este martes después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo registros y emitiera varias órdenes de arresto por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno, en el que presuntamente está vinculado Costa.
El primer ministro socialista hará su declaración después de verse este martes con el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.
El Ministerio Público anunció este martes en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias.
La Fiscalía llevó a cabo el registro de "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y apuntó que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos".
La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.
También fueron declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
