Calificó como fundamental que los juzgadores sean capaces de distinguir cuándo un tema, por más político que sea, afecta un derecho particular o colectivo. (ARCHIVO)
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, afirmó que el Poder Judicial nunca puede ni debe renunciar a su función de contrapeso y el Poder Legislativo verá si renuncia o no a esa función.
Durante el Foro "Retos en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ejercicio y autonomía de los poderes del Estado", el ministro resaltó que, en México, la creación de órganos constitucionales autónomos contribuyó a establecer contrapesos en el sistema constitucional mexicano, para lograr un régimen de equilibrios.
"En este régimen de equilibrios no sólo es el Poder Legislativo el que debe tener una función de contrapeso, que él verá si renuncia o no a esa función de contrapeso; el Poder Judicial, que nunca puede ni debe renunciar a su función de contrapeso. Y los órganos constitucionales autónomos, que van a servir de contrapesos", manifestó el ministro en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.
Aseveró que instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) requieren fortaleza para tener autonomía frente a los sujetos regulados; es decir, frente a los poderes fácticos. Indicó que una sociedad que olvida de su historia está condenada a cometer los mismos errores.
En su intervención, Carlos Ovidio Pareto, titular de una Comisión de Derecho Penal en el Instituto Superior de Seguridad Pública, Experiencia laboral, enfatizó la relevancia de la independencia del Poder Judicial y mencionó algunos requisitos para que los países puedan alcanzarla.
Calificó como fundamental que los juzgadores sean capaces de distinguir cuándo un tema, por más político que sea, afecta un derecho particular o colectivo y es merecedor de ser tratado por el Poder Judicial. Es decir, diferenciar entre lo que es judicializable y lo que es meramente político.
