(EL SIGLO DE TORREÓN)
Para Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ), hablar del inicio de operaciones del Tribunal Especializado para el tratamiento de las adicciones el próximo 15 de enero de 2024, es hablar de justicia terapéutica, justicia cívica y justicia restaurativa.
Durante su reciente visita a la región norte de Coahuila, el representante del Poder Judicial en la entidad manifestó que en la conformación del nuevo tribunal especializado también se trabaja con la Agencia Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles), a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
“Entonces, estamos capacitándonos ahorita en este momento, capacitando a cada una de las áreas, haciendo el diagnóstico para ver cómo estamos y podernos articular mejor y buscar las necesidades que puedan ayudarnos a atender el problema de narcomenudeo, de consumo, posesión o delitos que se cometen bajo el influjo de sustancias en el Estado”, respondió Mery Ayup al cuestionarle si ya se capacitó a los servidores públicos.
Con relación a la necesidad de contratar más personal para el Poder Judicial y que forme parte de dicho Tribunal para Combatir las Adicciones, el funcionario estatal manifestó que se trata del mismo personal que se tiene en los Centros de Justicia Penal en las diferentes regiones de la entidad.
“Pero la dinámica es que ya vamos a estar coordinados todos y en un diagrama, flujo del funcionamiento del Tribunal”, indicó el magistrado presidente del PJECZ. Detalló que se trata de coordinar esfuerzos, es lo que ya tienen; hacerlo efectivo.
Pues reiteró que, de nada sirve seguir enviando una persona al CESAME, cuando se le indica que no lo pueden recibir. Hasta el momento no se tiene un monto del costo que tendrá el atender a una persona que haya delinquido en hechos relacionados con la posesión, distribución o consumo de drogas.
Estableció que, aún están trabajando en la elaboración del diagnóstico en la entidad, pues manifestó que es necesario saber a cuántas personas no están recibiendo, pues aseveró que no quiere que la persona se quede sin ser atendida.
“¿Que queremos? Que la persona se atienda, entonces, ¿Cuántas camas más nos faltan? Eso es en lo que estamos. ¿Cuántos médicos más necesitamos? ¿Cuántos espacios? de psicólogas y psicólogos para atender”, indicó Mery Ayup.
Concluyo refiriendo que, con dicho diagnóstico, también se conocerá las personas que les van a ayudar a que esas personas vayan y reparen el daño que le hicieron a la escuela o donde cometieron el delito; haciendo referencia que se otorgará justicia terapéutica, justicia cívica y justicia restaurativa.
