Avelino Hernández, representante del Coecyt en La Laguna, dijo que en Coahuila hay 670 investigadores que forman parte del SNI. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La nueva Ley de Ciencia y Tecnología se votó en la Cámara de Diputados de manera abrupta y sin discutirse los temas esenciales, violando acuerdos previos de la Comisión respectiva y con una serie de inconsistencias, por lo que si el Senado avala su contenido, tendrá que impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Avelino Hernández Corichi, representante del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) en La Laguna, destacó que en Coahuila hay 670 investigadores que forman parte del Sistema Nacional (SNI), quienes podrían verse afectados en caso de que esta nueva legislación se apruebe y ponga en marcha en las condiciones actuales.
A nivel estatal, organismos como el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Saltillo (Cinvestav) y la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), todos establecidos en Saltillo, se verían afectados con esta nueva disposición, ya que no se definió la condición en que podrían seguir operando.
Por este motivo, varios investigadores de la entidad se sumarán al paro nacional que se ha convocado para el próximo martes 2 de mayo, en protesta por la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados.
Refirió el representante del Coecyt que se cometieron varias irregularidades, como el incumplir la realización de cinco de un total de siete parlamentos abiertos que la propia Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, dispuso desde 2019 que se llevarían a cabo para abordar los temas esenciales: las competencias de los tres órdenes de gobierno en ciencia y tecnología, presupuesto e inversión, derecho a la ciencia de los investigadores y el papel que jugarán los centros públicos de investigación.
Con ello, la aprobación en San Lázaro violó ese acuerdo previo de la Comisión, con el único interés de votar con criterios políticos solo porque Morena tiene la mayoría junto con el PT y el Partido Verde.
Otros puntos cuestionables son la exclusión del sector privado, lo que está afectando la inversión en proyectos y becas nacionales e internacionales para los jóvenes; la eliminación de representantes de distintos sectores del Consejo para dejar únicamente a los titulares de secretarías de Estado. También, se limitan los derechos del investigador y el estatus del mismo, ya que dejará de tener esa clasificación y se convertirá en un empleado del gobierno.
Hernández Corichi dijo que la nueva disposición no establece el presupuesto a destinar a ciencia y tecnología, que debe ser un mínimo del 1 por ciento.
Consideró que, por todos estos motivos, hay suficientes elementos para llevar el caso a la SCJN mediante impugnaciones, que seguramente se promoverán por los mismos investigadores, legisladores y cualquier otra figura involucrada en caso de que el Senado avale la aprobación de la Cámara de Diputados. "México necesita una ley de ciencia y tecnología a la altura de los retos que se presentan a nivel global, no este tipo de reformas que solamente abonan a un mayor atraso", consideró.
