Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia. (ARCHIVO)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó ayer, por notoria improcedencia, el impedimento promovido por el Ejecutivo para que el ministro Javier Laynez, oriundo de Torreón, no siga tramitando la demanda que busca invalidar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal.
Por unanimidad y sin discusión, el Pleno de la Corte resolvió que los impedimentos no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad, pues no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, planteó el impedimento la semana pasada, con el argumento de que Laynez expresó varias opiniones sobre la eliminación de los fideicomisos en entrevistas de radio y televisión, en las que afirmó que esta medida afectaría la independencia judicial.
"Estoy consciente que la Corte ha permitido de manera muy excepcional la procedencia de algunos impedimentos, sólo cuando son planteados por la propia ministra o ministro, en situaciones en las que antes de llegar al Pleno se participó directamente en la aprobación de alguna disposición de carácter general", dijo Laynez en la sesión.
"No me considero impedido, me parece que no procede, pero yo no considero afectada en absoluto la objetividad", agregó.
El resto de los ministros y ministras no hicieron comentarios y determinaron que el impedimento es improcedente, por lo que ya no fue necesario discutir si las opiniones expresadas por Laynez afectaron de alguna manera su imparcialidad en este caso.Hasta ahora, la Corte no ha notificado si Laynez ya admitió a trámite la acción de senadores de Oposición contra la extinción de los fideicomisos, pero una vez superado el tema del impedimento, el ministro puede seguir realizando actuaciones en ese expediente.
La permanencia de Laynez en este caso puede ser crucial para una eventual sentencia que invalide la extinción, pues se requieren al menos ocho votos para anular la reforma de octubre pasado a la Ley Orgánica del PJF, que ordena devolver a la Tesorería de la Federación los 15 mil 800 millones de pesos acumulados durante décadas en los fideicomisos.
Este año, Laynez fue el instructor en la controversia que eliminó el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por el Gobierno, y ha sido un voto consistente en el bloque mayoritario que ha anulado varias reformas que ha determinado como inconstitucionales.
Además de la acción en la Corte, hasta ahora se han concedido al menos siete suspensiones contra la extinción de los fideicomisos, pero sólo una es definitiva y abarca sólo cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no los seis de la Corte.
