La mayoría de las denuncias fueron en municipios con más población como Saltillo y Torreón. (Foto: PERLA SÁNCHEZ / EL SIGLO COAHUILA)
De las 96 denuncias que se registraron por delitos electorales durante las elecciones 2021 para la renovación de Ayuntamientos en Coahuila, alrededor del 63 % se fueron a archivo temporal, esto ante la falta de elementos para poder judicializar.
Fue hace unos días que Luis Zavala, ex coordinador de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, informó que en el mes de diciembre fue denunciada la nueva delegada de Bienestar, Claudia Garza por delitos electorales en la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo al titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la FGE, Esteban Sánchez, hasta el momento no se han presentado denuncias desde que dio arranque el proceso electoral 2023, no obstante, se encuentran listos para dar trámite a las que se vayan presentar.
Recordó que en el proceso electoral 2021, fueron 96 carpetas las que se abrieron por denuncias y conductas en materia penal.
“Nosotros investigamos todas las denuncias y si se encuentran motivos suficientes para judicializar lo hacemos, si no se determina la carpeta y la mandamos a archivo temporal, por si existen más elementos”, dijo.
Indicó que de las 96 alrededor de 61 carpetas se enviaron a archivo temporal, mientras que el resto están en trámite y una más fue judicializada.
La mayoría de las denuncias fueron en municipios con más población como Saltillo y Torreón.
Aseguró que en una de ellas fue señalado un funcionario público, sin embargo, tras la indagación, se determinó el no ejercicio de la acción penal, mientras que la mayoría de los señalados fueron ciudadanos o simpatizantes de diversos partidos.
De la que pudo concluirse, informó, por el momento se determinó una suspensión condicional del proceso en el Juzgado Penal, motivo por el cual no ha derivado en alguna sentencia.
Destacó que los delitos que se denunciaron en su mayoría fueron por compras de votos.
Por otro lado, otros delitos denunciados en éstas, fue el traslado de personas a bordo de transporte, a quienes se les instruyó por quien votar, coacción del voto, apoyo de funcionarios con recursos públicos de dependencias, entre otros.
Lamentó que el delito de la compra de votos es de difícil comprobación, situación que complica la judicialización de las carpetas.
“No se cuenta con todos los elementos, además no encontrarnos a quien imputarles las conductas”, dijo.
Lamentó que además muchas denuncias se realizan por teléfono, no obstante, no se dan proporciona la información necesaria.
Pendiente de concluir denuncia contra nueva delegada de Bienestar
Aunque el titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la FGE, Esteban Sánchez, aseguró que la denuncia presentada por Luis Zavala, ex coordinador de la Secretaría de Bienestar, está contra quien resulte responsable, ésta aún no ha sido concluida, pues se encuentran en la etapa de integración de las pruebas.
“Es una denuncia contra una oficina en Sabinas donde se repartían folletos a los ciudadanos cuando iban a recoger su pensión a favor de un actor político, pero no está presentada contra alguna persona en particular”, explicó.
Recordó que estos delitos contemplan sanciones, hasta altas penalidades corporales, en donde la más grave puede alcanzar los seis años de prisión.
Explicó que de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales se distinguen distintas punibilidades para estas conductas, donde la más grave está contenida en el artículo 15, donde se señala que se impondrá de mil a 5 mil días multa y de 5 a 15 años de prisión a quienes realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero en especie en favor de algún precandidato.
Mientras que las penas mínimas son de tres a seis años de prisión por delitos como solicitar votos a cambio de pagos, proselitismo, entre otros, no obstante, resaltó que la mayoría de los casos se van en proceso en libertad.
Esteban Sánchez indicó que para las elecciones que están por celebrarse, el próximo cuatro de junio, ya alistan las acciones que serán parte del protocolo que se va aplicar, donde se estima contar con alrededor de 90 módulos para la recepción de denuncias, así como se la recepción de denuncias al teléfono al 884 438 76 87.
Fue hace unos días que el precandidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT) denunció haber sido víctima de agresiones y actos de intimidación por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme, situación que informó se denunciaría ante el Instituto Electoral (IEC)
