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De acuerdo al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los ciudadanos contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, es decir, a través de los impuestos. Gracias a ellos es posible que un gobierno funcione, invierta en desarrollo económico, pague pensiones, seguridad social, servicios de salud, etcétera, mediante funcionarios públicos y desarrollando obras para beneficio de la población.
Sin embargo, no todos los impuestos tienen el objetivo único de ser recaudatorios. Existen otros que buscan inhibir ciertas conductas en las personas físicas o morales, como los que se aplican al tabaco o al alcohol para desincentivar su consumo. En esta categoría también entran los impuestos verdes o ecológicos, orientados a disminuir los riesgos medioambientales a través de un marco legal que sancione la degradación de la biodiversidad y el impacto al cambio climático.
Es decir, pretenden sancionar las externalidades negativas. En economía, estas se refieren a los efectos secundarios (daños colaterales) que afectan a terceros por el quehacer empresarial o individual de alguien y que no son considerados en los costos de una operación. Pero ver los impuestos verdes solo desde esta perspectiva limita significativamente su importancia para el futuro, sobre todo después de la crisis de covid-19, que aceleró la transición económica que estamos viviendo actualmente.
TRANSICIÓN ECONÓMICA
Jeremy Rifkin, en su libro El Green New Deal Global, plantea que las grandes trasformaciones económicas requieren forzosamente de una plataforma tecnológica constituida por tres elementos básicos: un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo de transporte.
La economía industrial —que está siendo sustituida por una economía de servicios y digital— se basó en el uso de la televisión, el petróleo y los vehículos de combustión interna.
Para poder consolidar la transición económica impulsada por el big data, el Internet de las cosas (IoT), las finanzas digitales, la nanotecnología, las criptomonedas y la inteligencia artificial (IA), debe acelerarse también el uso de vehículos eléctricos o incluso sustituir la movilidad con videollamadas o reuniones virtuales. Respecto al tema energético, definitivamente debe sustentarse en energías renovables como la solar o la eólica, debido al aumento exponencial en el gasto de electricidad que se ha requerido para sostener nuestro actual estilo de vida.
A CONSIDERAR
El consumo permanente de bienes y servicios, prácticamente las 24 horas del día, es un riesgo para la sostenibilidad del planeta, por lo que a la discusión de los impuestos verdes se debe sumar la economía circular, es decir, aquella donde reparemos, reutilicemos, reciclemos y compartamos para extender el periodo de vida de los bienes y servicios, agregándoles valor de uso. Dicho de otra manera, los impuestos ecológicos deben promover este sistema y no solo inhibir conductas, sobre todo porque en un mundo globalizado el capital tiende a desplazarse a los lugares que ofrecen mayores incentivos fiscales.
El otro elemento que debe ir a la par de esta evolución tributaria es el impulso de las ciudades inteligentes, donde el objetivo no solo sea el desarrollo económico sostenible, sino el uso de nuevas tecnologías para mejorar la infraestructura, las comunicaciones y el desarrollo social en coexistencia con los recursos naturales.
Para lograr la transición energética, es evidente que México está en una primera etapa: la concientización, la sensibilización y el entendimiento de la importancia de tener conductas más empáticas con nuestro entorno. Pero en una segunda fase se debe constituir un marco normativo que facilite la convivencia entre los distintos agentes económicos y la adaptación al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, esto presenta los retos más grandes.
Por un lado, está la disyuntiva de las empresas que basan su sistema productivo en el uso de combustibles fósiles y que a través de los años han realizado inversiones fuertes en activos de los cuales tarde o temprano se tendrán que deshacer, pues no cumplen con los criterios ecológicos para mitigar la crisis medioambiental. Esto generará grandes costos para las compañías, en primera instancia por la conversión tecnológica a la que deberán someterse, pero también por la carga que implica la maquinaria obsoleta que de la noche a la mañana perderá valor. Así, el marco legal verde debe considerar el proceso de desvinculación de las empresas de sus activos “tóxicos”.
Se necesita pensar en toda una nueva infraestructura para los próximos años, lo que por supuesto implica inversiones enormes, pero que no se comparan con el costo de no comenzar ahora.
Imaginemos un escenario en el mediano plazo donde el uso de energías solares sea más económico que el de gasolina, ¿qué sucedería con la recuperación de la inversión de una refinería como la de Dos Bocas? (de acuerdo con Rocío Nahle, exsecretaria de Energía, su costo fue de aproximadamente 16 mil millones de dólares). ¿Qué sucedería con una familia que el día de hoy decida con todo su esfuerzo comprar un automóvil nuevo y que en menos de 10 años pierda su valor por completo porque será más económico y viable uno eléctrico? Son preguntas que debemos hacernos hoy en día respecto a cómo invertir en bienes que encajen en el futuro.
MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA
De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), solo 13 de 32 entidades federativas cuentan actualmente con impuestos verdes subnacionales. Esa recaudación apenas es de alrededor de 60.3 pesos per cápita y la proporción promedio de los ingresos alcanza solamente el 0.27 por ciento, dejando claro que aún hay mucho por hacer en este sentido.
De hecho, hay estados que a pesar de contar con un marco legal para el cobro de impuestos verdes, no lo aplican. Basta ver la controversia presente en el estado de Durango, donde autoridades y empresarios han estado discutiendo en torno a la entrada en vigor de estos impuestos ecológicos en 2024.
Al menos en esa entidad ya se plantea “hacer invitaciones personalizadas” para incentivar a las empresas a cumplir con esta responsabilidad tributaria. Pero aún hay 19 estados cuyo poder legislativo no tiene considerada la aplicación de impuestos ecológicos de ninguna manera.
En conclusión, cuando una región busque aplicar este tipo de medidas debe hacer un análisis de su costo-beneficio y el impacto que puede generar. Es necesario corroborar que realmente sea viable, de lo contrario, un impuesto verde puede ser contraproducente en términos de atracción de inversiones.
Tal vez el retraso que hay en su aplicación se debe a la resistencia, tanto del sector privado como el público, a los altos costos de la transición tecnológica. Se trata, sin embargo, de una inversión que podría traer incontables beneficios económicos y ecológicos en el futuro. Por ello, la discusión legal del tema debe ir más allá de la sanción y orientarse al estímulo ciudadano y la creación de leyes, con miras a un desarrollo más sustentable.
