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CEDH

Hay más de 500 quejas por tortura en Durango

La propia Suprema Corte instruyó la creación de una instancia de este tipo tras un precedente ocurrido en Durango. (EL SIGLO DE DURANGO)

La propia Suprema Corte instruyó la creación de una instancia de este tipo tras un precedente ocurrido en Durango. (EL SIGLO DE DURANGO)

JUAN M. CÁRDENAS

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula más de 500 quejas por tortura, lo que exhibe la necesidad de un organismo para investigar y abatir.

La diputada local Sandra Amaya Rosales presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada contra la Tortura, que tiene como propósito de garantizar los derechos humanos de los duranguenses y asegurarse que la tortura no exista en Durango.

"La creación de una Fiscalía Especializada enviará un mensaje claro y contundente en nuestro estado, la tortura no será tolerada", comentó la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, al ampliar los motivos de su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Abundó que la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Tortura proporcionaría las herramientas necesarias para investigar y llevar ante la justicia a aquellos responsables de cometer actos tan inhumanos; además, permitiría brindar una atención más específica y detallada a los casos de tortura.

"Este delito a menudo se encuentra entretejido con otros crímenes y su erradicación requiere un enfoque diligente y especializado. La creación de una entidad dedicada exclusivamente a esta tarea asegurará que los casos de tortura se aborden con la seriedad y la meticulosidad que merecen", precisó Amaya Rosales.

La legisladora consideró que la tortura es uno de los crímenes más atroces y degradantes que pueden cometerse contra un ser humano, ya que no solo atenta contra la integridad física y psicológica de la víctima, sino que socava los principios más básicos de la justicia y la humanidad.

Finalmente, precisó que con la propuesta se atiende el mandamiento judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obliga al Estado a constituir esta institución, derivado de un caso concreto en donde fue la propia Fiscalía General del Estado la que notificó que solamente cuenta con una unidad administrativa para este tipo de delito.

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