Su familia ha luchado por su búsqueda y se han topado con los mismos obstáculos de parte de las autoridades.
Liliana Leticia Ríos y su hija Laura Valeria Ramos Ríos desaparecieron el 7 de octubre de 2017, a la edad de 26 años y un año 3 meses, respectivamente, en la colonia Latinoamericana de Torreón. Desde entonces, su familia ha luchado por su búsqueda y se han topado con los mismos obstáculos de parte de las autoridades.
Karla Ríos, hermana de Liliana y tía de Laura Valeria, dijo que tienen seis años luchando por los derechos que le han sido negados, sobre todo a su sobrina, a quien no han querido activar una Alerta Amber, negándole con ello el derecho a la libertad personal, a la vida, a la integridad personal, a la verdad, a la familia, a la dignidad, a la honra, a las garantías judiciales, a la justicia y a la prohibición de la desaparición forzada.
Explicó que desde el primer día de haber desaparecido, la pequeña cumple con todos los requisitos que se necesitan para la activación de esta alerta, como el ser menor de 18 años, que exista información adecuada para elaborar su ficha de búsqueda y que se encuentre en riesgo en su integridad física por motivos de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito. No obstante, esto no ha sido aceptado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
Señaló que las autoridades también se han negado a colaborar en la búsqueda de Liliana, escudándose en que no descartan que se haya ido por su propia voluntad, aún y cuando la camioneta en la que viajaba no ha sido localizada, y era pertenencia de la pareja sentimental, quien era servidor público, cargo del que fue dado de baja dos semanas después de esta desaparición, sin que se conozca la causa, y quien fue la última persona que las vio, su declaración nunca fue indagada ni se le consideró como presunto sospechoso.
Karla Ríos exigió a la Fiscalía cumplir con su labor y reconocer a Liliana y a Laura Valeria como víctimas de desaparición forzada.
"No hay un avance absoluto, aunado a esto, las inconsistencias, la violación a los derechos y la no activación de una Alerta Amber para Laura Valeria, que en ese entonces solamente tenía un año tres meses, en la actualidad tiene siete años, exigimos esa activación a las autoridades para que alguien la pueda reconocer y dar con su localización", expresó.
Lucía Razo, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que las instituciones encargadas de la investigación y de la impartición de justicia siguen sin adoptar los estándares nacionales e internacionales en materia de búsqueda y desaparición, sobre todo los derechos de las personas desaparecidas, en sus resoluciones.
Indicó que mientras sigan en estado de no localización, los menores siempre estarán en un riesgo inminente y merecen la máxima protección de la ley, sobre todo por parte de los juzgados penales.
