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Esperan que controversia de Coahuila esté mejor argumentada para que no se distribuyan libros de la 4T

(EL SIGLO DE TORREÓN)

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ANGÉLICA SANDOVAL

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" y director del Colegio América de Torreón, dijo que es una “tragedia” que la primera sala de la Suprema Corte haya desechado la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua para frenar la entrega de los libros de texto gratuitos de la SEP federal.

“Es una situación terrible para la educación y para el país, no sabemos por qué la Suprema Corte resolvió en contra si todos los elementos de los jueces estaban muy bien documentados, nosotros vamos a seguir insistiendo porque no vamos a permitir que la niñez y juventud de México siga con esos libros, obviamente que para mí es una tristeza, una tragedia que los ministros no entiendan todo lo que pasa con los libros de texto. vamos a tratar de que la Suprema Corte revierta esto”, apuntó.

Silva Rosales dijo que espera que en Coahuila no suceda lo mismo y que vaya mejor argumentada la controversia constitucional que presentó el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. Consideró que los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) van en contra del artículo tercero constitucional. El maestro adelantó que acudirá a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) para pedir una explicación “porque no es posible que no vean que los libros son ilegales, es una tragedia que se pongan en ese plan”.

A mediados de agosto de este año, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Coahuila, Valeriano Valdés, acudió a la SCJN para entregar la controversia constitucional en la que se reclamaron actos de elaboración, edición, impresión y distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

En ese momento, Valdés detalló que se refirió como sustento la violación al procedimiento para la elaboración de los libros de texto, considerando que no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y demás sectores involucrados en el tema educativo, incluyendo a los pueblos indígenas del estado.

También dijo que no se había realizado la capacitación necesaria al magisterio y que fueron elaborados ignorando los procedimientos que se marcan en la ley aplicable, lo que se considera atenta contra el derecho a la educación y el interés superior del menor y su libre desarrollo de la personalidad.

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