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Miembros del Ejército en Guerrero vendieron armas a la organización criminal Guerreros Unidos, de acuerdo con el testimonio de un testigo protegido que declaró en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A su vez, la banda criminal, según el testimonio, prestaba esas armas a un grupo de reacción inmediata de la Policía de Iguala, conocido como "Los Bélicos", al que se atribuye haber entregado los 43 estudiantes a los narcotraficantes que los desaparecieron.
En el marco de la investigación del asesinato de los normalistas, el 13 de abril el testigo protegido "Carla" rindió una nueva declaración ante la Fiscalía General de la República y detalló los distintos tratos que tenía el grupo criminal con integrantes del 27 Batallón de Infantería, cuando desparecieron los normalistas.
Este nuevo testimonio fue empleado por la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa para obtener las órdenes de aprehensión del 13 de junio pasado contra 16 militares, aparentemente implicados en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
"Supe, porque yo vi, que soldados de ese batallón vendían armamento al grupo Guerreros Unidos, recuerdo que dentro de esas armas habían G-3, que son como ametralladoras, .9 milímetros, Uzi, una Barrett, siendo que también le vendían al grupo los cartuchos, siendo el enlace 'El Profe', jefe de sicarios, quien tenía conocidos en el Ejército y era el contacto con los soldados de ese batallón", relata el testigo.
"Ese armamento era entregado en una cancha que se llama Escorpión, las cuales se encuentran a un lado de la Chevrolet de Iguala, y otras ocasiones en las canchas (de futbol) del 'Maracaná', las cuales se encuentran frente al Estadio Ambrosio Figueroa; por esas armas se pagaba buen dinero a los guachos, de hecho, esas mismas armas que se adquirían a los militares se les prestaban a la Policía Municipal de Iguala, más concretamente al grupo de 'Los Bélicos' para el caso de que fuera necesario".
Los integrantes de "Los Bélicos" están señalados como los responsables de entregar a los normalistas de Ayotzinapa a la organización Guerreros Unidos, la cual los desapareció.
En su testimonio, "Carla" refiere que "Los Bélicos" operaba como un grupo de "limpieza" y que era controlado tanto por el entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como por Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, y uno de sus lugartenientes.
BUSCAN MÁS TESTIGOS
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra testigos protegidos durante la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que desaparecieron y dejaron de acudir a las diligencias de sus casos.
Fuentes ministeriales reportaron que la FGR busca a los testigos con clave Paco, Tauro, Conde, Karen, entre otros, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron dados de baja del programa de testigos colaboradores.Sin embargo, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) los siguió requiriendo después para continuar testificando en casos de capos importantes del Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Zetas y Los Beltrán Leyva. Por ejemplo, Paco y Tauro declararon en el caso del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias "El Z40".
Actualmente, sólo colabora un testigo protegido en casos de Los Zetas, que data del programa iniciado en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que llegó a tener más de 300 testigos colaboradores, mismos que fueron reducidos a menos de 100 en la primera mitad del sexenio Peña Nieto.
La extinta PGR les daba un pago mensual de más de 20 mil pesos y protección a cambio de colaborar con declaraciones ministeriales en diferentes casos, como el llamado Michoacanazo.
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General República también ha echado mano de testigos colaboradores para el caso Ayotzinapa, como Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", y Gildardo López Astudillo, "el Gil", del grupo criminal Guerreros Unidos, cuyas declaraciones han servido para detener al general José Rodríguez Pérez, al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam y al exjefe antisecuestros de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gualberto Ramírez.
