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De los 16 programas sociales que son prioritarios para el actual gobierno, sólo 12 identifican con claridad sus objetivos, mientras los cuatro restantes, a los que se les asignaron para 2023 recursos por 156 mil millones 182 mil pesos, no tienen bien especificada su población objetivo, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
"En cuanto a la identificación de la población objetivo se observa que hubo un retroceso respecto a 2019, cuando 14 de los 16 programas prioritarios identificaban de manera clara a su grupo poblacional de atención, mientras que en 2022 sólo 12 lo hacen", indica.
En su Informe de monitoreo de programas prioritarios 2022: estado actual al cuarto año de Administración y resultados alcanzados en 2021, el consejo revela que los cuatro programas que carecen de claridad son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que este año están ejerciendo recursos por mil 893 millones pesos.
El Programa Nacional de Reconstrucción, que tiene un presupuesto de poco más mil 589 millones de pesos; Sembrando Vida, 47 mil 633 millones de pesos, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, 105 mil 67 millones de pesos.
Añade que a pesar de que este último tiene el segundo mayor presupuesto, registra un deficiente cumplimiento efectivo de metas, y explica que no existe relación entre el presupuesto otorgado a los 16 programas prioritarios de este gobierno con el cumplimiento de sus metas.
"Al calcular el coeficiente de correlación entre el cambio presupuestal y el CEM de los 16 programas prioritarios, éste resultó en -0.07, lo que podría interpretarse como una relación prácticamente nula entre ambas variables, es decir, no hay una asociación entre la asignación presupuestaria y el cumplimiento de metas de los programas prioritarios".
Destaca que desde 2019 y hasta 2022, los programas Sembrando Vida y el Nacional de Reconstrucción son los que desde su inclusión a la estructura programática federal no han podido tener claridad sobre la población que pretenden atender.
La especialista en políticas públicas, María Esperanza Plaza Ferreira, asegura que todos los programas sociales deben tener claras sus reglas de operación, que incluyen la población beneficiaria directa, las metas, el presupuesto y lo que se espera alcanzar con la población objetivo.
"Justamente el faltante de población objetivo y de metas de algunos programas prioritarios limita cualquier evaluación de impacto o de resultados, que son las herramientas que le dicen a un gobierno si debe continuar o no con un programa", explica.
Menciona que si los programas sociales continúan sin tener claridad, como establece el Coneval, "no tendremos una evaluación objetiva, ni una comparación para conocer en qué se gastó y no tener una población objetivo nos limita de un instrumento muy importante en política pública, que es el seguimiento del padrón de beneficiarios.
"Es decir, un padrón de beneficiarios representa la transparencia que esperaríamos de cualquier programa social. Y no contar con un seguimiento de beneficiarios implica que no tengamos, como sociedad ni como academia, la manera de evaluar y de evitar el mal uso que se da a los programas sociales, principalmente los que están enfocados a la educación, como las universidades para el bienestar o de salud", puntualiza.
El informe del Coneval señala que los programas Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, de la SEP, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, de la Secretaría de Salud, perdieron claridad respecto a su población objetivo, el primero estaba orientado a jóvenes y el segundo a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Agrega que en cuanto a la atención de poblaciones, las y los jóvenes eran el grupo atendido por un mayor número de programas prioritarios desde 2019.
Revela que la concentración presupuestal por grupo poblacional se encuentra en los adultos mayores, con 47% del presupuesto asignado a los programas prioritarios, seguido por la población joven con 13% de la asignación presupuestal. El presupuesto menor es para la población en condiciones de vulnerabilidad (1%), que es atendida por los programas de Mejoramiento Urbano y para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, de la Secretaría de Bienestar.
Para el académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, los programas sociales de este sexenio "se configuraron con la intención de generar clientelas. Esto explica que algunos no cuenten con lo que normalmente tiene un programa de política pública; por ejemplo, un diagnóstico y una evaluación, instrumentos que permiten saber si esas estrategias tienen un impacto en la vida de los beneficiarios de esos programas".
