Esta decisión sobre Alejandro Gutiérrez marca un punto culminante en un caso que ha generado controversia y tensiones políticas desde su inicio en 2017.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado definitivamente el caso de peculado de 250 millones de pesos contra Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, en un fallo unánime emitido por la Primera Sala de la Corte.
Esta decisión marca un punto culminante en un caso que ha generado controversia y tensiones políticas desde su inicio en 2017, cuando fue presentada la acusación por el Gobierno de Chihuahua.
La acusación inicial se centraba en el presunto desvío de 250 millones de pesos, los cuales se afirmaba que habían sido utilizados en campañas electorales del PRI en 2016. Sin embargo, la Corte ha decretado el sobreseimiento, desechando el amparo presentado por la administración del entonces gobernador Javier Corral, quien buscaba ser reconocido como víctima de dicho delito. La Corte estableció que los 250 millones eran recursos federales y que la única víctima en este caso era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La implicación de Chihuahua como víctima habría permitido al estado impugnar la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), que en 2018 retiró la acusación de peculado contra Gutiérrez. Esto habría tenido implicaciones políticas significativas, ya que los 250 millones en cuestión supuestamente se destinaron a campañas electorales.
El fallo actual representa la culminación de una larga batalla legal, que se prolongó por más de dos años en la Corte. En agosto de 2021, se discutió un proyecto inicial del ministro Alfredo Gutiérrez, que analizaba el fondo del amparo de Chihuahua, pero lo rechazaba. Sin embargo, en noviembre de 2021, se presentó otro proyecto que desechaba el amparo sin profundizar en el fondo del asunto. Finalmente, el caso fue aprobado sin discusión en la sesión actual.
El argumento central del proyecto de 2021, y probablemente del fallo actual, radica en que la Ley de Amparo y la Corte han sostenido durante décadas que los gobiernos solo pueden promover amparos contra otras autoridades para defender su patrimonio. En este caso, Chihuahua buscaba que se le reconocieran derechos procesales en un juicio penal, pero no impugnaba una afectación directa a su patrimonio, dado que ya se había determinado que los 250 millones eran fondos federales.
Cabe destacar que un juez federal de primera instancia había resuelto previamente que se debía celebrar una audiencia para que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua tuviera oportunidad de debatir y solicitar el reconocimiento de víctima, ya que podría haber sido "agraviada" por el supuesto peculado de Gutiérrez. Sin embargo, esta sentencia fue revocada por la Corte.
Además, en agosto de 2018, la FGR retiró el cargo de peculado contra Gutiérrez, alegando que la Fiscalía estatal no le había dado acceso a las declaraciones de los testigos, las cuales no estaban corroboradas con otros datos de prueba. Aunque la Fiscalía de Chihuahua rechazó estas afirmaciones, el desistimiento de la FGR permitió que Gutiérrez saliera de prisión después de nueve meses tras las rejas.
A pesar de absolver a Gutiérrez en este caso, la FGR aún mantiene el cargo de peculado contra otros involucrados en la Operación Safiro, como Gerardo Villegas Mandriles y Antonio Tarín García, quienes se desempeñaron en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante el gobierno del priista César Duarte. Trágicamente, Tarín se quitó la vida en abril pasado.
