La comunidad científica del país se encuentra a la expectativa por las posibles modificaciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La comunidad científica del país se encuentra a la expectativa por las posibles modificaciones que la iniciativa presidencial para la creación de una Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación traerían a esta área, algunos de cuyos cambios ya se han venido materializando desde inicios de este sexenio.
Por ahora, la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha empezado a ser revisada ni discutida, pues apenas el pasado 13 de diciembre se envió a la Cámara de Diputados, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) abrió el foro para recibir propuestas y comentarios con relación al anteproyecto en su página de Internet.
Esta iniciativa surge para reglamentar las reformas a los Artículos 3, fracción V y 73, fracción XXIX-F de la Constitución, entre otras en materia educativa, que se aprobaron en 2019, con las que se crea un nuevo marco constitucional para la ciencia, tecnología e innovación; incorpora el derecho humano a la ciencia y además, refrenda la obligación del Estado Mexicano de apoyar estas actividades.
Aunque la ley reglamentaria debió emitirse a más tardar en 2020, fue hasta el pasado mes cuando se hizo llegar al Congreso de la Unión, retraso que los especialistas atribuyen al curso de la pandemia del COVID-19.
Los cambios propuestos van desde el simple cambio de nombre del organismo cabeza del sector, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; la prohibición para integrar fideicomisos (cuya extinción se dio a partir de este gobierno), hasta la exclusión de las universidades y la integración de áreas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Junta de Gobierno, y sobre todo, una desvinculación radical del sector privado con las instituciones de educación superior y el propio Conacyt.
Según la iniciativa, la política científica y tecnológica de las últimas dos décadas se centró en las necesidades de investigación de las empresas privadas, el financiamiento y becas a instituciones privadas y la generación de ciencia y tecnología para actividades básicamente comerciales, acompañado de "criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)…"
Partiendo de éstas y otras consideraciones más, replantea una política pública "para la transformación del país" con visión de Estado, que reivindica el papel de las humanidades en la definición y direccionamiento del quehacer científico, tecnológico y de innovación.
Esta nueva Ley convierte al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de cuya Junta de Gobierno se excluyen la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como los investigadores del SNI y aquellos que eran propuestos por el sector privado.
La nueva conformación de la Junta de Gobierno considera únicamente las Secretarías estatales, ampliándose con la integración de la Sedena y de Marina, así como Bienestar, Cultura, Relaciones Exteriores e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que en la estructura actual no forman parte.
Representantes de los sectores académico, científico, tecnológico e innovación, podrían acudir como invitados a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto.
Sobre el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se plantea cambiar los métodos de evaluación cuantitativos por otros de carácter más cualitativo, centrados en las aportaciones de los investigadores a su comunidad, más que en el número de publicaciones internacionales.
INSUFICIENTE, INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Históricamente, México ha destinado pocos recursos a la ciencia, tecnología e innovación, un aspecto que al decir de especialistas, podría empeorar de aprobarse la iniciativa presidencial.
Mientras a nivel mundial se dio un crecimiento del gasto mundial en investigación de casi un 20 por ciento entre 2014 y 2018 y el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) global alcanzó el 14.8 por ciento, en nuestro país se mantuvo rezagado entre el 0.4 al 0.3 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO).
Como comparativo, Corea del Sur invierte el 1 por ciento de su PIB en ciencia, tecnología e innovación.
Lo anterior, pese a que el Artículo 119 de la Ley General de Educación y el Artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología en México, establecen que por lo menos, se debe invertir el equivalente al 1 por ciento del PIB en este rubro, un aspecto que queda sin precisar en la iniciativa propuesta, al señalar que parte de estos recursos se canalizarían mediante otro tipo de apoyos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 considera recursos por 128 mil 746 millones de pesos al programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 10 por ciento más que el año anterior en términos reales, pero la cifra más baja en los últimos siete años como porcentaje total del PEF, pues apenas representa el 1.3 por ciento.
La inversión en el programa de CTI considera todas las áreas del Gobierno federal que contarán con presupuesto para el desarrollo de acciones dentro del mismo, como es el caso de la Secretaría de Energía, que registró un incremento superior al 500 por ciento por los proyectos de petróleo y electricidad.
Por otra parte, el Ramo 38, donde se destina el presupuesto al Conacyt, refiere una cifra de 31 mil 655 millones de pesos, a diferencia de los 29 mil 564 millones de 2022.
COECYT OPERA CON RECURSOS ESTATALES
El director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) en Coahuila, Mario Valdés Garza, dijo que la iniciativa de ley oficializa la desvinculación de los órganos estatales con la Federación que se ha dado paulatinamente, en la medida en que se han recortado presupuestos.
Por este motivo, el Coecyt opera únicamente con el presupuesto del Gobierno estatal, mediante el cual se ha logrado mantener muchos de los programas y estrategias, salvo el de Estímulos a la Innovación, que representaba un monto considerable dado que el último año que operó se destinaron 150 millones de pesos a la entidad.
1 POR CIENTOdel PIB debería destinarse a Ciencia y Tecnología según la ley en México.
En esta entidad también se dio marcha atrás a la creación de un Centro de Investigación en Energías Renovables, el cual se quedó en la primera fase de desarrollo pero fue suspendido por el Gobierno federal.
En dicho proyecto se iban a invertir mil 200 millones de pesos y en 2016 estaba considerado como el proyecto más ambicioso a cargo del Conacyt; de esos recursos solamente se aplicaron alrededor de 200 millones en parte de la construcción, que quedó convertida en un elefante blanco y sin utilidad alguna.
Además del tema presupuestal, ya no hay coincidencia de intereses entre el Conacyt y el Coecyt, pues mientras en el ámbito federal se enfocan a las humanidades y salud, en Coahuila se busca invertir en desarrollo tecnológico e innovación en los rubros automotriz, agroindustria, energías renovables e industria 4.0, por ser los sectores que garantizarían el desarrollo de la entidad.
'VISIÓN ESTATISTA Y CENTRALISTA'
Para el doctor Juan Felipe Alonzo Solís, coordinador de Posgrado e Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, colaborador del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) y especialista en Políticas Públicas, la iniciativa de Ley tiene una visión estatista y propone centralizar las decisiones en el gobierno, en un contexto internacional en que todo tiende a favorecer la gobernanza, mediante la participación de todos los sectores.
En la perspectiva de las políticas públicas es importante la gobernanza, y el mundo de la ciencia y tecnología avanza tan rápido que requiere que todos los actores se involucren, por lo que una visión estatista llevada al extremo podría ser perjudicial para el impulso que se necesita, en un país donde la inversión a este rubro es raquítica.
En el apartado de Consideraciones plantea, por ejemplo, que los recursos estatales se han dirigido al sector privado, por lo que investigadores que forman parte de dichas instituciones dejarían de recibir apoyo público.
"En general, la visión es que los recursos sean usados desde las prioridades que el mismo Estado defina, excluyendo todo lo que tenga que ver con la visión privada".
La política de esta administración federal contraviene, además, la que se había venido impulsando años atrás y particularmente a partir de 2009, cuando se introdujo el concepto de economía del conocimiento, en el que las empresas privadas que promueven el desarrollo tecnológico a través de la innovación, tuvieron un papel preponderante en el impulso a la ciencia y tecnología en México.
"No debemos ser extremistas, en incurrir en el exceso de uso de recursos para beneficiar a unos pocos ni tampoco en la posición de que el gobierno lo puede todo", señaló, por lo que a su consideración, la nueva legislación debería impulsar incentivos más fuertes para la participación del sector privado.
Por otra parte, destacó que otro punto crítico es la pretensión de centralizar la Junta de Gobierno del Conacyt, dejando fuera a instancias como la ANUIES, académicos y el sector privado, lo cual genera ruido al no permitir la participación de otros actores distintos al gubernamental.
Ese mismo criterio centralista se aplicaría para evaluar los resultados y en función de ello, la continuidad o desaparición de alguno de los 27 centros de investigación que dependen del Conacyt, algunos de los cuales han ido perdiendo autonomía, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Ante lo que todavía es una propuesta, el especialista consideró necesario que se dé un parlamento abierto para que la comunidad científica haga sus aportaciones.
Importante
Entre los puntos a destacar de la iniciativa se encuentran:
* La exclusión de la ANUIES, investigadores y sector privado de la Junta de Gobierno del Conacyt.
* La incorporación de dependencias como la Sedena, Marina, Bienestar y otras.
* Entrega directa de becas a cursantes de posgrados, sin la intervención de universidades.
* Se da rango de ley a programas como la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos.
* Cambiar los métodos de evaluación del SNI.
* Privilegia la ciencia básica.
0.3
POR CIENTO
es lo que se ha destinado realmente a Ciencia y Tecnología en nuestro país.
