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A cinco meses de que se emitiera la sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero Principal de la Región Lagunera, las autoridades no han desarrollado acciones concretas rumbo la sustentabilidad.
Mientras que la Semarnat se ha mostrado evasiva, para el cumplimiento de la sentencia, la Conagua presentó un documento con acciones a realizar, pero su postura ha sido de defender los intereses de los concesionarios y no de la ciudad.
Luis Eduardo Pedroza García y Brenda Armendáriz Olivares, abogados de las asociaciones civiles, explicaron que el Juzgado de Distrito está en posibilidad de emitir medidas para evitar que continúe el problema de sobreexplotación del acuífero, pero tanto el juez como los organismos civiles han manifestado flexibilidad, al entender la complejidad del tema, por lo que se han otorgado prórrogas para que cumplan con lo acordado.
La Semarnat debe cumplir con acciones puntuales que determinó la Corte, como es la emisión de un programa conjunto de trabajo para la presentación y administración sustentable del acuífero, un subprograma con las acciones concretas a realizar, un cronograma y un esquema de financiamiento. No obstante, el plazo ya concluyó y no ha habido un cumplimiento.
"Semarnat ha adoptado una postura evasiva para el cumplimiento de sentencia, en tres ocasiones ha manifestado imposibilidad material para cumplir la sentencia, bajo el argumento de que es Conagua quien debe realizar las acciones, el juez le ha negado estas manifestaciones, por lo que ha impugnado la orden", expresó el abogado.
Conagua presentó un documento denominado Ruta Crítica, donde establecen acciones y medidas a cumplir, aunque no son definitivas. Sin embargo, ha adoptado una postura como defensora de los intereses de los concesionarios, pues en agosto presentó un oficio solicitando al juez de distrito que revocara la medida que decretó en mayo, la cuál consiste en suspender el otorgamiento de prórrogas de concesión hasta que se cumpliera con la sentencia y hubiera un parámetro de sustentabilidad para el uso del acuífero.
"En agosto, Conagua solicita al juez que deje sin efecto esa medida porque, cito textualmente: 'ha generado mucha inconformidad en los concesionarios", dijo Pedroza. Consideró que a Conagua no le corresponde tomar la postura de abogado de un grupo de personas con intereses particulares, sino que debería hablar por el interés colectivo y de la Federación.
"Condenamos públicamente, nos parece un acto errático de política pública tomar la postura de abogado de un grupo de concesionarios, sobre todo, dar a conocer al juez una lista de personas inconformes, con nombre, personas identificadas en la región, no quisiéramos pensar que es con el ánimo de influir en el juez", expuso.
Gerardo Jiménez, investigador de Prodefensa del Nazas, explicó que se busca mantener informada a la ciudadanía sobre el estado del juicio, pues consideran conveniente que el proceso legal sea abierto y que la gente conozca cómo se está desarrollando, al ser un asunto que compete a la sociedad en general.
"La sentencia tiene como propósito mejorar la gestión del agua y esto va a beneficiar a las economía y a la población, las soluciones no están a la vuelta de la esquina, son a mediano y largo plazo pero la intención del juicio que promovimos es fundamentalmente buscar soluciones y esto beneficiará a toda la ciudadanía, nuestra postura es buscar soluciones y no tanto buscar culpables", expresó.
Por otra parte, los quejosos celebraron un convenio de colaboración con el Centro de Geociencias de la UNAM para sentar las bases institucionales de apoyo por capacitación mediante un diplomado, de modo que lo que se proponga en el Juzgado para recuperar la sustentabilidad esté basada en ciencia.
