(EL UNIVERSAL)
La atracción de casos de feminicidio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sólo contribuye al traslado de responsabilidades institucionales, que eventualmente diluyen la atención del caso y desinflan la presión mediática y social que se genera alrededor del tema en los primeros meses o años después de la agresión, pero no se traduce en justicia.
Así lo consideran especialistas en violencia de género que, a través de su experiencia en el acompañamiento a sobrevivientes de distintas agresiones de este tipo y de familiares de mujeres asesinadas con violencia brutal, aseguran que en menos de 1% de los casos se logra conseguir una sentencia condenatoria.
También detallan que la obtención de sentencias condenatorias ejemplares para quienes agreden o asesinan por motivos de género no son una reparación del daño para el círculo cercano o la víctima, pues de inicio el gobierno debe incidir con políticas públicas para que estos delitos no se cometan y mucho menos se normalicen o pongan en riesgo cada día a 12 mujeres mexicanas de todas las edades.
Durante 2022 hubo al menos cinco casos de feminicidio que se viralizaron en redes sociales y estuvieron en el foco de los medios de comunicación. Estos fueron atraídos por la FGR a solicitud de los familiares de las víctimas o por autoridades presionadas por la atención.
Dichos crímenes corresponden a Yolanda Martínez, presuntamente asesinada el 31 de marzo en Nuevo León; Debanhi Escobar Bazaldúa, desaparecida el 9 de abril también en Nuevo León; Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo en Puebla; Luz Raquel Padilla, quien murió el 16 de julio en Jalisco, y Ariadna Fernanda López, encontrada sin vida el 30 de octubre en la Ciudad de México.
Al respecto, Anayeli Pérez, asesora jurídica de víctimas de agresiones por violencia de género o feminicidios, asegura que no hay un nivel de competencia de capacidades institucionales o resolutivas de un feminicidio en este caso, entre la FGR respecto de las fiscalías de otras entidades federativas.
Pérez explica que muchas veces las familias solicitan la atracción del caso bajo el supuesto de que, por ser un organismo con mayor capacidad, independencia o imparcialidad, puede garantizar respuestas, una investigación rápida o un proceso de judicialización exitoso, pero dichas hipótesis no son certeras, ni comprobables, tomando como ejemplo los casos mediáticos que se han atraído.
"No hay garantías de que la judicialización, mejor investigación o acceso a la justicia sea eficaz luego de la atracción del caso por parte de la FGR. Hasta puede ser que las fiscalías de los estados sean más especializadas, estén mejor preparadas, tengan mayor claridad y experiencia que la propia FGR al tener perfiles más adecuados y conocer el contexto de las agresiones en sus entidades, el problema es que no hay una apuesta real por resolver el tema de la violencia de género", detalla.
Por otro lado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) asegura que ante tantos casos ni el poder federal ni el local tienen la capacidad para afrontar los delitos que, en el mejor de los casos, tienen líneas de investigación abiertas en las instancias locales y, en el peor, ni siquiera están siendo atendidos.
"El tema de justicia en general, no sólo en casos de violencia de género, está siendo abandonado por los gobiernos, tanto en delitos federales como en los de fuero común, porque si no es algo que les reditúe para fines políticos, no se toma en cuenta y es una agenda pendiente del Estado con todas las víctimas", señala.
La abogada considera que, lamentablemente, las capacidades resolutivas de las Fiscalías se utilizan para casos mediáticos como una válvula de escape a la presión ejercida por la sociedad y los medios informativos, pero menos de 1% de los crímenes llega a ser castigado de forma ejemplar, porque en el camino se diluyen responsabilidades mediante la segmentación de procesos.
"Las sentencias que se han logrado por feminicidio son gracias al activismo por parte de movimientos, organizaciones y acompañantes que empujamos a los organismos a garantizar la judicialización desde el inicio hasta el final, pero no por la actuación de las fiscalías. Es un logro de lo que impulsamos desde el acompañamiento; no tenemos que enfocarnos a exigir la atracción, sino la resolución desde cualquier instancia", indica Anayeli Pérez.
Sobre el tema, Ximena Canseco, historiadora y activista por los derechos humanos de las mujeres, dice que es importante reflexionar que se trata de violencia institucional contra las mujeres este negligente actuar de las instituciones encargadas de castigar a feminicidas y agresores de cualquier tipo de violencia de género.
"Es importante decirlo así tal cual: los jueces, Ministerios Públicos y toda autoridad que dilata de cualquier forma las investigaciones, que son omisos, que son negligentes, son agresores de mujeres, porque están ejerciendo violencia institucional", declara la activista.
Canseco puntualiza que tanto la atracción de los casos por parte de las autoridades federales, como los procesos lentos de fiscalías locales generan el estancamiento de los casos y llevan al hartazgo a las víctimas hasta que dejan de insistir por justicia y abandonan su lucha.
Asimismo, desde sus vivencias como acompañante de sobrevivientes de violencia ácida, que es una tentativa de feminicidio, hace énfasis en que obtener sentencias ejemplares es parte de lo que las sobrevivientes de violencia de género entienden como justicia. Sin embargo, la justicia de fondo es que el Estado pueda garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia desde niñas.
"Hay que repensar lo que entendemos por justicia. Las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, los familiares de víctimas de feminicidio y las que acompañamos desde el activismo, creemos que justicia es que el Estado pudiera garantizar una vida libre de violencia para todas, desde que somos niñas porque claro que las sentencias suman, pero no garantizan que a ninguna mujer la vuelva atravesar la violencia de género", sostiene la historiadora.
A este argumento, la activista Elvira Madrid Romero suma que, además de la violencia institucional, el círculo cercano de las sobrevivientes de tentativa de feminicidio o asesinato no concluye los procesos luego de la atracción del caso por parte de la FGR por miedo a que haya consecuencias graves, como en el caso de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija.
"Falta una revisión de todas las políticas alrededor de la resolución de casos por feminicidio. La atracción de casos es inútil si desde el primer momento en que tú llamas para denunciar un asesinato nadie te responde; si buscas justicia, nadie te atiende o te matan, lo que significa que un feminicidio no termina y no consigue justicia con la atracción, pero sí inicia otras formas de violencia", añade.
