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A grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Ardillos, además de la capacidad de fuego que han logrado con armamento de grueso calibre, drones y hasta coches bomba que generan terror, también se han encargado de construir una base social que sirve como reclutamiento, redes de informantes y población que se oponga a los operativos de seguridad de las autoridades con bloqueos y manifestaciones, coinciden especialistas en seguridad y sociología.
Las organizaciones criminales también han generado presión ante la opinión pública cuando se da la captura de algún líder. Los expertos resaltan que esta base social de apoyo les permite incluso venderla en los procesos electorales como ocurrió en el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, quien apareció en algunas imágenes junto a un presunto dirigente de Los Ardillos.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, indica que no se trata sólo de generar un poder criminal como tal, se busca asimismo disponer de una base social de respaldo que se acompaña con el anillo de protección política y de protección policial.
Detalla que las organizaciones criminales por un lado apoyan a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad; por ejemplo, cuando estalló la pandemia, el CJNG repartió despensas y esa es una de las partes en las que se crea la relación entre sociedad y células delictivas.
Refiere que ayudan a los ciudadanos cuando requieren recursos económicos y no pueden acceder al sistema formal, como los bancos.
