El síndico de minoría de extracción morenista, Delfino Álvarez consideró que este segundo año de gobierno de Matamoros 'a quedado a deber' en obra. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Un gran pendiente en obra, principalmente en pavimentación, la falta de transparencia en la aplicación de los recursos, los gastos innecesarios que se autorizan, incluso para los mismos integrantes del Cabildo, son pendientes de el segundo año de gobierno del alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.
Así lo consideró el síndico de minoría de extracción morenista, Delfino Álvarez, quien dijo que, pese a que en Matamoros se instaló un módulo del Repuve para la regularización de vehículos de procedencia extranjera y el convenio que se hizo con la federación es que el recurso se aplicaría para la pavimentación, pero afirmó que no hay avance en ese rubro, por lo que se "a quedado a deber".
En el servicio de agua potable, reconoció que, sí se mejoró, considerando los problemas que se tuvieron en la anterior administración, pero el avance ha sido "bueno a secas", porque en el Simas se heredó una deuda de 70 millones de pesos, pero se ampararon para no pagarla, aunado a que en la presente administración se acumularon 30 millones de pesos por incumplimento de pago, por lo que el pasivo ronda los 100 millones de pesos.
En relación a los gastos, Delfino Álvarez, quien el lunes solicitó licencia ya que busca la alcaldía; manifestó que, se autorizó un apoyo por 20 mil pesos para gastos funerarios, el cual se entregó solo a algunos, la compra de teléfonos celulares de alta gama y el aumento de 10 a 15 mil pesos del fondo revolvente, el cual se utiliza para apoyar a personas por alguna necesidad.
Agregó que el presidente municipal ha reconocido que hay un grave problema por la drogadicción; sin embargo, consideró que no es otros de los pendientes que se tienen para atacarlo, incluso los espacios públicos están abandonados, sobre todo en los ejidos e impide la realización de actividades deportivas para los jóvenes, pero sí se optó por adquirir una cancha móvil, cuyo gasto es excesivo.
Dijo que la transparencia también ha sido cuestionada y no por él, sino por organismos ciudadanos, por el hecho de que no se hagan públicas las sesiones de Cabildo, aunque el Congreso del Estado envió un exhorto no se acató la disposición y en su caso solicitó los estados financieros, pero se los negaron, pese a tener la facultad de revisarlos y los obtuvo mediante solicitud ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).
Por último, manifestó que el año pasado se gastaron un millón de pesos en el evento del informe de gobierno, el cual se realizó en un exclusivo centro social y para el evento del segundo informe se presupuestó una cantidad similar, cuando se supone debería costar menos porque se hizo en un espacio público.
