Ovalle Favela precisó que la creciente militarización de México es anticonstitucional y muestra una actitud antijurídica del presidente. (ARCHIVO)
El problema número uno ahora en México es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, que aunado al dominio que ya tiene el Presidente de la República del Legislativo y la creciente militarización del país, representan graves riesgos para la democracia y quebrantan el Estado de Derecho, advirtió José Ovalle Favela, oriundo de Gómez Palacio.
El doctor en Derecho, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una institución en materia de Derecho Procesal en Hispanoamérica, considera que en su experiencia de cinco décadas nunca había visto un caso de intromisión ilegal tan persistente de un Presidente de la República, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, sobre los poderes autónomos.
"Creo que ahora ese es el problema número uno de México, que se esté atacando al Poder Judicial Federal, porque es el gran bastión en la formación de jueces y ha mostrado con las reformas una gran independencia", afirmó el académico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máxima categoría.
Autor de algunos de los libros académicos básicos de la enseñanza del Derecho por generaciones en México y América Latina, como Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil, cátedras que imparte en la UNAM desde mediados de los setenta, Ovalle Favela recordó que antes los jueces eran nombrados primero por el Legislativo, luego por el pleno de la Suprema Corte y luego de las reformas de 1994 hoy son cargos que se obtienen por concursos de oposición.
Precisó que el presidente López Obrador quiere someter al Poder Judicial mediante ataques y con propuestas anticonstitucionales como la de elegir a jueces de Distrito y Magistrados de Circuito por voto o consulta popular.
"Lo que actualmente está pasando es algo antihistórico, antidemocrático, anticonstitucional", señaló. "Ese deseo de someter, de dominar al Poder Judicial de la Federación es realmente enfermizo, no encuentro otra palabra para calificarlo; se quiere reducirlo, cuando ha sido un contrapeso del Ejecutivo".
Refirió que la reducción de miles de millones al presupuesto del Poder Judicial, así como la intención de desaparecer los fideicomisos de todos los trabajadores del Poder Judicial es ilegal y ni siquiera la Ministra Presidenta puede avalarlo porque no está dentro de sus atribuciones.
"Hay que defender al Poder Judicial, cada uno desde su trabajo, con amparos, porque si cae ya sería una dictadura total, sin límites", advirtió el especialista en sistemas comparados de justicia en Hispanoamérica.
UN LEGISLATIVO ABYECTO
Ovalle Favela expresó que la propuesta de López Obrador de que se elija a los ministros por medio del voto popular es totalmente anacrónica y antidemocrática.
"A partir de 1995 los jueces de distrito y magistrados de circuito son nombrados por concurso de oposición y no hay nada más idóneo para calificar sus conocimientos", dijo.
La propuesta que ha lanzado el Ejecutivo que han repetido mecánicamente los diputados y senadores de Morena, es una cosa muy absurda, subrayó el experto en Derecho Procesal.
"Es algo que no es posible, porque el voto popular es un voto un poco ciego, manipulable", explicó, "Eso de la elección popular de los jueces es un contrasentido y una cuestión totalmente absurda porque ningún voto popular puede elegir al mejor juez" .
Si se acepta esta propuesta, manifestó, entonces todos los jueces y magistrados serían del partido Morena, politizados y el Ejecutivo dominaría el Poder Legislativo como lo ha dominado hasta ahora.
"Como pocas veces, el actual Poder Legislativo, está totalmente sometido, dócil, sin criterio, sin opinión" declaró. "Es un Poder Legislativo que ha sido el poder más abyecto que yo he conocido".
Si se aceptan estas propuestas de AMLO, señaló, lo que diga el Ejecutivo va a ser la palabra máxima para los jueces, magistrados, diputados y senadores, como ocurre en países como Venezuela y Cuba donde el presidente domina todo.
IMPUNIDAD Y VIOLENCIA
Para Ovalle Favela, la impunidad, violencia y el avance del crimen organizado en el país en uno de los sexenios más violentos del México contemporáneo obedece a que desde un principio este gobierno abordó el problema con el lema de "abrazos y no balazos".
"Entonces esa actitud del gobierno de no ver al crimen como crimen, sino como amigos, pues ha propiciado que hayan aumentado los homicidios, delitos, chantajes, cobros de piso con una total impunidad porque no son castigados", puntualizó el también estudioso de Derecho penal y juicios orales.
Expresó que desde un principio fue errónea esa concepción del Gobierno Federal de no atacar el crimen.
MILITARIZACIÓN, GRAVE RIESGO
Ovalle Favela consideró que el Estado de Derecho en el país, que ya padecía demasiadas fallas y disfunciones, hoy está quebrantado por esa obsesión que tiene el presidente de que "la ley no es la ley"
Precisó que la creciente militarización de México es anticonstitucional y muestra una actitud antijurídica del presidente y es un riesgo grave para México.
"El caso de la militarización del país es gravísimo, porque la Constitución de 1917 es muy clara en cuanto a que tendió a limitar la actividad del Ejército exclusivamente para la defensa del país ante ataques y a cosas que tienen relación con la disciplina militar; los artículos 13 y 129 de la Constitución son claros", dijo.
Sentenció que las recientes disposiciones del Ejecutivo para avalar los traslados del Ejército, cuyas actividades ya están en operación de aeropuertos, construcción de carreteras y aduanas, son totalmente contrarias a la Constitución.
Cuando era Juárez ministro de Justicia del presidente Juan Álvarez, refirió, preparó una ley en la que los asuntos de justicia eclesiástica y militar se redujeron estrictamente.
