Nayeli relató que hace tres años fue la última vez que vio a su pequeña. El padre de la menor la sustrajo.
Aunque sus casos son diferentes, el reclamo es el mismo: justicia para sus hijos. Se trata de la historia de Nayeli Salazar, que desde hace más de tres años no tiene noticias de su pequeña; y el caso de Esmeralda Cigarroa, cuya hija fue violada y su caso sigue estancado y con una serie de preferencias a favor del agresor.
Ellas, junto con otros padres de familia, se unieron en una movilización para exigir a las autoridades correspondientes, voltee a ver sus casos y otorgue atención a los mismos, colocando una serie de carteles en lo más alto del puente peatonal de la carretera Torreón- Matamoros, frente al Manto de la Virgen.
Nayeli, relató que hace tres años fue la última vez que vio a su pequeña, entonces de tres años de edad. El padre de la menor, la sustrajo pese a que cuenta con la guardia y custodia, confirmada por un juez.
"Mi hija fue sustraída por su padre en contubernio de su familia, hasta ahora no tengo respuesta de dónde está mi hija, ya son tres años de este proceso, tengo la guardia y custodia confirmada por un tribunal y aún no hemos sabido nada de ella", dijo con tristeza, sosteniendo la ficha de reporte de búsqueda.
A cambio, la madre recibió denuncias en su contra, tanto en Coahuila como en el vecino estado de Durango, en donde está señalada por robo, "delito por el que puedo ir a prisión... esto por haber denunciado por sustracción a mi expareja, a su madre y a su hermana".
SIN JUSTICA
Esmeralda Cigarroa también ha esperado justicia para su hija, quien hace año y medio fue víctima de violación por parte de un primo, también menor de edad.
"Fue víctima de violación por un menor de edad, al cual la autoridad, el estado, los jueces, han estado protegiendo para no vulnerar sus derechos, sin voltear a ver los derechos que tiene mi hija al acceso a la justicia", reclamó su madre.
Señala que a lo largo de ese tiempo, han quitado medidas cautelares, "han visto todo por el bienestar del joven, yo solamente pido justicia, que tomen en cuenta que mi hija también es menor de edad, mi hija tenía 11 años y el agresor 15 años. Pero ahorita el estado, los jueces han estado a favor de ellos en las audiencias, se ve mucho el favoritismo para el imputado", comentó.
Y recalcó, "solo pido que tomen en cuanta que mi hija es menor de edad y tiene el derecho al acceso a la justicia".
La madre dijo que aunque se denunció la agresión de forma inmediata, se otorgó una orden de aprehensión en su contra, que se ejecutó de forma indebida, por lo que salió en libertad.
"En realidad no sé como las autoridades se manejen, pero dicen que no pueden vulnerar los derechos del menor, pero sí los derechos de mi hija".
Es por ello que exige que si los menores actúan como adultos cometiendo una serie de delitos, "que se les haga pagar como adultos".
CON PROTECCIÓN
Para Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide Femme), "siempre es el mismo 'modus operandi', tanto de los agresores como de las autoridades".
Esto, ante la nula justicia que han recibido ambas madres de familia, tanto por parte de las autoridades judiciales de Coahuila como de Durango.
"No a cualquier hombre protegen, protegen a hombres que tienen cierto perfil, ya sea empresarios, funcionarios o que son hombres adinerados, esos son los casos que nunca avanzan y las madres no vuelven a ver a sus hijos. Pero en esos casos siempre favorecen al agresor, al que sustrajo al menor, al que comete violencia vicaria y al que está envenenando a sus hijos".
Esto debido a que no son los únicos casos en los que se ha denunciado mayor apoyo hacia el agresor que a la víctima.
Nula justicia
Ambas madres de familia han recibido nula justicia, tanto por parte de las autoridades judiciales de Coahuila, como de Durango.
* En el caso de Esmeralda Cigarroa, su hija de 11 años fue víctima de violación.
* Fue abusada por un primo de 15 años.
* Exige que si los menores actúan como adultos cometiendo una serie de delitos, que también paguen como adultos.
