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Sudáfrica conmemoró hoy el décimo aniversario de la matanza de la mina de platino de Marikana, la peor masacre a manos de la Policía en el país desde el fin del régimen racista del apartheid en 1994, en la que 34 trabajadores en huelga murieron tiroteados cuando reclamaban un aumento salarial.
"Hoy recordamos a nuestros hermanos que murieron trágicamente (...) pidiendo dinero y nunca lo consiguieron", declaró a medios locales Mike Khoza, uno de los mineros presentes en el acto que aseguró haber presenciado hace diez años la violencia policial.
"Aunque recibimos algunos ajustes de salario, sigue sin ser suficiente y nuestros hermanos ya no están con nosotros. Esta es la pena a la que nos enfrentamos", añadió Khoza, uno de los cientos de sudafricanos que acudieron a la convocatoria un año más del sindicato al cual pertenecían las víctimas, la Asociación de Mineros y Unión de la Construcción (AMCU, en inglés).
Los asistentes se congregaron en la misma localidad de Marikana (provincia Noroeste), situada en el llamado "cinturón del platino" sudafricano, en un acto al que acudieron trabajadores del sector, viudas de las víctimas y líderes comunitarios, así como el exlíder de la oposición sudafricana Mmusi Maimane y otras figuras públicas destacadas.
Reunidos de nuevo en la colina donde se produjo el tiroteo en 2012, los participantes cantaron himnos de protesta mientras agitaban de manera simbólica escudos y armas africanas tradicionales.
El secretario regional de AMCU, Phuthuma Manyathi, lamentó que "no hay una mejora en la comunidad (...). No hay desarrollo en la zona, no se ha hecho justicia y nadie ha sido detenido".
"Es una traición porque a nadie en el Gobierno le importa. No ha habido cambios de ningún tipo", añadió.
El sindicato exige que el conglomerado Sibanye-Stillwater -que adquirió en 2019 la empresa británica Lonmin, propietaria de la explotación minera donde trabajaban las víctimas- rinda cuentas por los hechos.
En un comunicado conjunto difundido hoy, Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales Aplicados (una organización con sede en la Universidad de Witwatersrand, en la ciudad nororiental de Johannesburgo) lamentaron que el Gobierno aún no ha construido más de 2 mil casas prometidas a la comunidad de Marikana, mientras la empresa sigue sin asumir su responsabilidad.
"La incapacidad del Gobierno para cumplir sus promesas y hacer que las minas rindan cuentas tiene un impacto negativo en los derechos humanos, en este caso en el derecho a tener acceso a una vivienda digna. Según la mina, un 37 % de los empleados viven en asentamientos informales", denunció Shenilla Mohamed, directora de AI para Sudáfrica.
En este sentido, el Ejecutivo sudafricano conmemoró este martes los hechos a través de un comunicado, aseguró que está llevando a cabo "intervenciones de renovación" en la zona y subrayó que se han pagado más de 176 millones de rands sudafricanos (más de 10,5 millones de euros) en indemnizaciones a los afectados.
El segundo partido político más importante de la oposición sudafricana, los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), recordó la masacre a través de Twitter y su portavoz, Sinawo Tambo, reclamó que las compañías mineras construyan "casas, escuelas, clínicas e infraestructura en Marikana”.
En cambio, permaneció hoy en silencio el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que ejercía de directivo de Lonmin cuando estalló la huelga previa a la masacre y que, según las comunicaciones internas de aquella época, fue uno de los partidarios de aplicar la mano dura, justo antes de la matanza.
Lo ocurrido en Marikana se ha convertido en un símbolo de los abusos de poder y las injusticias sociales que se siguen produciendo en Sudáfrica casi 30 años después del final del régimen de segregación racial.
Varios libros, documentales y hasta un musical recuerdan a los mineros tiroteados y su lucha por mejorar las precarias condiciones de vida de las decenas de miles de trabajadores de las explotaciones de platino y oro en todo el país.
