Un centenar de ejidatarios e integrantes de la Contraloría Ciudadana del Agua protestaron en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). (Foto: FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN)
Un centenar de ejidatarios e integrantes de la Contraloría Ciudadana del Agua protestaron en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la crisis hídrica que se vive en la región lagunera.
Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Ciudadana, dijo que la atención a esta problemática es prioritaria, recordó que hay compromisos en este sentido y que se requieren acuerdos vinculantes del Estado Mexicano con la población, pues en el marco de Agua Saludable, se resolvió que hubiera una visión integral del conflicto.
Entre las acciones que son parte de este redimensionamiento, señaló la transparencia y rendición de cuentas, para que la tecnificación del Distrito de Riego sea dirigido exclusivamente al sector social, sin intermediarios, o que sean entregados de forma directa los recursos a los usuarios ejidatarios sin que intervengan los módulos, a quienes se acusa del huachicoleo del agua.
Indicó que se requieren acciones del gobierno federal para erradicar el robo y/o huachicoleo del agua, como es la medición por telemetría para regular la operación en tiempo real, pues no se conoce con precisión la captación y extracción del volumen de las presas. Revisar la lámina de riego programada para los ciclos agrícolas, que es de 1.40 metros, misma que es muy alta en comparación a otras regiones. Transparentar el volumen de agua del cuarto riego de auxilio, que se usaba en los 80 y 90, pues se mantiene el mismo volumen sin explicación. Revisar las supuestas pérdidas de conducción, pues Conagua dice que es un 65 por ciento cuando la eficiencia en las presas y canales, según fuentes documentales, es de 88 a 98 por ciento.
Por otra parte, dijo que se requiere una respuesta del Estado Mexicano ante el acaparamiento trasgresor de los derechos de agua del sector social, por despojo de empresarios en complicidad con la Conagua.
Pidieron los inconformes también la puesta en marcha de las mesas temáticas programadas para plasmar propuestas con un soporte técnico científico, con carácter resolutivo, en donde el diálogo sea transparente y público, convocando a la sociedad civil, núcleos agrarios, la participación de las tres instancias del gobierno municipal, estatal y federal, así como empresarios, conforme la convencionalidad de los acuerdos de Escazú.
