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En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni de arresto domiciliario.
Se espera que la Suprema Corte de Justicia de México se pronuncie pronto sobre esta figura legal debido a que algunos magistrados sostienen que viola los tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse sólo en casos “excepcionales” para evitar que los sospechosos huyan de la justicia.
Los sospechosos acusados de asesinato y otros delitos violentos rara vez quedan en libertad bajo fianza en cualquier parte del mundo. Pero en México, la lista de cargos que permiten detener a un sospechoso en espera de juicio ha aumentado a 16, entre ellos abuso de autoridad, corrupción y delito electoral.
Sin embargo, sólo dos de cada 10 personas acusadas de un delito en México son declaradas culpables. Eso significa que de los 92.000 sospechosos que se calcula que están ahora en las celdas a la espera de juicio, a menudo con criminales endurecidos, unos 75.000 pasarán años encerrados en las hacinadas y peligrosas prisiones de México, con pocas probabilidades de ser condenados.
Los juicios en México pueden alargarse sorprendentemente. Hace poco, dos hombres fueron liberados con monitores de tobillo después de pasar 17 años en prisión mientras eran juzgados por asesinato. Extrañamente, ahora que han sido condenados, los dos están en libertad mientras presentan sus apelaciones.
Todo ello hace que muchos inocentes pasen años en prisión. Los activistas afirman que un número cada vez mayor de mexicanos se ven obligados a optar por una forma de negociación de los cargos, simplemente porque es probable que pasen más tiempo en una celda tratando de limpiar sus nombres que el que pasarían si fueran condenados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el número de delitos que se consideran no aptos para obtener una fianza y ha pedido públicamente a la Corte Suprema que no libere a más personas en espera de juicio.
Su gobierno argumenta que eso crearía presiones o amenazas adicionales contra los jueces para que acepten sobornos a cambio de liberar a los sospechosos, y crearía un sistema de justicia de “puerta giratoria” en el que los sospechosos podrían salir de la cárcel tan pronto como son detenidos.
Los activistas afirman que también se plantea la cuestión de si México debería encerrar a personas durante años sólo por la opinión de la policía. Las fuerzas policiales del país no son conocidas por sus sofisticadas técnicas de investigación y a menudo mantienen a personas encerradas por la más mínima sospecha mientras intentan construir casos contra ellos.
