La Sociedad de Padres de Familia solicitó a la directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 36, que se auditen los gastos.
La Sociedad de Padres de Familia solicitó a la directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 36, que se auditen los gastos y pagos solicitados por ella y que no están claros ni justificados.
A través de una carta pública, los directivos del organismo, Sergio Antonio Tamez Ramos y Ema Alicia López Haro, presidente y tesorera, pidieron la investigación y propusieron que se haga por un externo para que sea objetivo e imparcial el resultado.
La directora del plantel, Hilda Margarita Cortez López acusó a la sociedad de padres de obstaculizar procesos administrativos de la escuela al negarse a entregarle recursos de las cuotas de padres para diferentes pagos.
Tamez Ramos dijo que también se sujetan a un examen del manejo de los recursos aportados como cuotas voluntarias por los padres de familia.
Los directivos de la sociedad de padres señalaron que quieren tener claro en qué, cómo y cuánto gasta la directora del CBTIS, que les cobró casi un cuarto de millón de pesos en gastos que supuestamente ella realizó de su bolsillo para la escuela, pero que no explica ni precisa la forma en la que los aplicó.
En el documento, la directiva de la Sociedad de Padres afirma que está dispuesta a cualquier tipo de revisión de la contabilidad que han llevado desde marzo del presente año a la fecha.
El organismo pide a la directora del CBTIS 36 que explique y que se audite el conflicto de intereses con los servicios de vigilancia y los pagos dobles comprobados. La compra de artículos personales a administrativos como cachuchas, pago de servicio móvil a directivos y cargadores de celulares con cargo a los recursos de la escuela.
Que aclare y justifique con documentos los 257 mil pesos que cobró a la sociedad de padres de familia como reembolso de supuestos gastos. Otro punto que debe aclarar es la adquisición de artículos a ferreterías con precios a tres veces su valor real en el mercado.
Piden investigar gastos de mantenimiento hechos en periodos vacacionales realizados con la cuenta bancaria anterior, por personal de la dirección, quienes tenían el token.
El pliego también señala la adquisición de equipo de computo con sobreprecio, muy por encima del valor real de mercado, y el cobro de supuestas reparaciones al edificio de la escuela, que no existen.
La escuela incluso les cobró el sueldo de maestros (que corresponden y que pagó el gobierno).
La maestra mete gastos de 80 mil pesos mensuales de gasolina para ella y su personal cercano, gastos de viaje de la directora y su personal y comidas en restaurantes de lujo en Saltillo. Todo esto con recursos del fondo de cuotas de padres de familia.
La sociedad también solicita que se investigue porqué la escuela tenía dos conexiones clandestinas de agua, que costaron una multa de medio millón de pesos aplicada por Simas, y que fue pagada con dinero de las cuotas.
La carta señala que la directora cobra de manera directa a la cooperativa del CBTIS 15 mil pesos mensuales de renta, lo recibe en efectivo y no lo ingresa a la cuenta de la sociedad de padres de familia, ya que ésta es la que debe controlar el puesto de alimentos y los ingresos que genere.
El documento también señala que como sociedad de padres “estamos conscientes de nuestra responsabilidad; solo pedimos sean validados nuestros puntos por un profesional independiente”.
Explica que el viernes acudieron al plantel con el mejor animo de tratar de explicar, pero tanto de parte de la comisión que se formó, como de las autoridades de Saltillo no hubo el ánimo para ese derecho de réplica.
En la junta del viernes, indica el escrito, “no se respetó el acuerdo establecido para dicha junta al incluir un abogado, la presencia de la misma directora Cortez López y gente de su equipo: Florita Guerrero (Jefe de planeación) y María Elia Guajardo (Jefa administrativa)”, cuando se trató de una reunión de la sociedad de padres, y los docentes no deben tener acceso a éstas de acuerdo a los ordenamientos legales.
Acusaron que la titular de la institución educativa ha generado con sus acusaciones infundadas, tendenciosas y desinformativas, un ambiente de tensión y linchamiento dentro de la sociedad de padres de familia, en lugar de aclarar los gastos que se le piden, como está dispuesto hacerlo la actual administración.
