(EPECIAL)
Perú inició una reforma regulatoria que obligará a las entidades públicas a evaluar diversas alternativas de solución antes de emitir una norma, como parte del proceso de adhesión del país andino a la Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económicos (OCDE).
Según informó este sábado el Gobierno peruano, la reforma normativa consiste en la aplicación obligatoria del denominado "Análisis de Impacto Regulatorio", que implica la evaluación y garantía de que cualquier proyecto de norma brinde una solución efectiva y eficaz al problema público que se quiere abordar.
En esta primera etapa, la reforma la adoptarán catorce entidades del Ejecutivo, entre ellas la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que a partir de ahora, antes de emitir una nueva norma, deberán enviar su proyecto a la Comisión Multisectorial de Calidad Migratoria.
Esta comisión, integrada a la PCM, buscará "evitar la duplicidad de normas, o que sean innecesarias, inaplicables o contradictorias, y asegurar que las que se aprueben tengan un enfoque centrado en el ciudadano", detalló el Gobierno en un comunicado.
"La reforma regulatoria permite que los equipos técnicos de las entidades públicas evalúen diversas alternativas de solución antes de emitir una norma, a fin de garantizar su buen diseño, promover el crecimiento económico y lograr una solución eficaz y eficiente para el problema que afecta a la sociedad, empresa y ciudadano", agregó.
Esta reforma se dio atendiendo las recomendaciones que la OCDE dio a Perú como parte de su proceso de vinculación a este organismo, que ya definió la ruta que debe seguir el país andino para lograr su adhesión.
Perú, que es el único país de la Alianza del Pacífico (México, Colombia y Chile) fuera de la OCDE, recibió en enero pasado la invitación para adherirse a la organización, junto con cinco otros países candidatos: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía.
El proceso de adhesión, que culminará con una decisión que tendrá que ser unánime de los miembros para cada uno de ellos, incluirá en particular una rigurosa evaluación en profundidad por más de 20 comités técnicos para que cada uno de los 6 se ajuste a los estándares y a las mejores prácticas definidas.
Unos exámenes técnicos, que según señaló la organización, implicarán modificaciones en la legislación, en las políticas y en las prácticas y servirán así como un "potente catalizador" de las reformas.
