La compra-venta del predio actualmente invadido en Frontera, fue hace más de 20 años y perdió validez, señalan. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)
La compra-venta del predio actualmente invadido en Frontera, fue hace más de 20 años y perdió validez legal al no cumplir el Estado con darle el uso social establecido, y por no promover los campesinos la devolución del terreno en el término legal de cinco años, aseguró el gestor social Carlos Francisco Hernández Villarreal.
Este hombre, que encabeza la invasión al terreno en la zona industrial de Frontera, afirmó que en términos legales el Estado y el ejido perdieron la propiedad del sitio y que por eso puede ser tomado por el pueblo.
Reconoció que hay gente entre los precaristas que tienen una posición económica que no es de pobreza, y que cuando se realicen los estudios socioeconómicos serán retirados del lugar.
El predio será dividido y entregado a madres solteras y a familias y personas en situación económica y socialmente vulnerables, que no tengan casa propia ni capacidad ni condiciones para adquirirla, afirmó Hernández Villarreal.
EN CONTEXTO
A través de una publicación en redes sociales se convocó a las familias de escasos recursos que vivieran en Ciudad Frontera a que acudieron a una extensión de terreno en el libramiento Carlos Salinas de Gortari para recibir un predio donde construyan su casa.
La convocatoria señalaba que el terreno sería regalado porque no tenía dueño.
Para el martes más de 700 familias se apuntaron para pedir un lote en el lugar, un predio de 226 hectáreas ubicado entre las industrias Denso System y Nemak.
La invasión generó mucha crítica social, pues se dijo que el lugar sería utilizado para albergar a familias de escasos recursos, pero cientos de los posesionarios cuentan con vehículos automotrices de modelo reciente, contrataron maquinaria pesada para limpiar el lugar y reflejan una posición económica sólida y lejana de las clases sociales pobres.
