El Ayuntamiento tomará acciones legales, por omisiones, contra exfuncionarios que perdieron juicio de la planta tratadora.
El Municipio de Torreón busca fincar responsabilidades a exfuncionarios por el juicio que Simas perdió ante la empresa Ecoagua, por la terminación anticipada del contrato para la operación de la planta tratadora de aguas residuales y por el que hoy se deben 600 millones de pesos.
"Tenemos que hacer lo que por ley nos corresponde", dijo el alcalde, Román Alberto Cepeda González, "la responsabilidad se tendrá que fincar en función de los elementos que se tengan, tenemos que ser puntuales, son temas que no podemos pasar por alto, al final tienen un gran costo para Torreón, eso es lo más importante, que se haga en función, insisto, de los elementos que tenemos para fincar las responsabilidades".
Consideró que es un asunto moral de dar la cara por un tema donde es Torreón quien paga. Señaló que Simas tendrá que dar cuenta de ese y otros casos, esto en cuanto a las omisiones que hubo en el proceso.
"No es una persecución, no es una cacería, es sencillamente hacer, lo que cualquier administración responsable le toca hacer", comentó.
MEDIDAS LEGALES
El edil dijo que no hay tiempo de mirar atrás, pero estas medidas legales son parte de rendir cuentas a la ciudadanía. Aseguró que no habrá impunidad.
"No se descarta (alguna acción legal), no se descarta nada", expresó. El alcalde dijo que la denuncia sería en contra de quien resulte responsable.
Lauro Villarreal Navarro, gerente general del Simas Torreón, dijo que la deuda, tres años antes, era de 128 millones de pesos y creció a 600 millones.
Señaló que, en la entrega-recepción, la actual gestión hizo notar esa situación, pero indicó que en estos casos puede ser muy subjetivo, pues un juicio mal defendido se pierde y es difícil demostrar que así fue.
"Nosotros hicimos referencia a eso, de que había un juicio pendiente y no sabíamos, porque nos habían dicho que el juicio iba por buen camino, cuando nos llegó el fallo en contra, pues nos dimos cuenta de que estaban determinando un quebranto por 600 millones de pesos", comentó, "definitivamente fue una mala defensa".
Consideró difícil determinar si se fincará alguna responsabilidad sobre la anterior administración por alguna omisión en el juicio perdido, pues señaló que son las autoridades judiciales las que pueden determinarlo.
