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Al señalar que después de realizar un análisis integral de la recomendación 15VG/2018 del caso Ayotzinapa que realizó la pasada gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabezó Luis Raúl González Pérez, ese organismo destacó que la investigación carece de una aplicación robusta del enfoque de derechos humanos y de atención victimológica.
La institución que ahora dirige Rosario Piedra sostiene en un comunicado que por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica; "si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma, sin aportar nada a la Verdad y a la Justicia".
Señala que "el trabajo de dicha Oficina Especial se hizo bajo secrecía y fragmentación de la información, a grado tal que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso".
Acusa también que para la elaboración de la Recomendación 15VG/2018 hubo dilación, ya que los hechos victimizantes se dieron en septiembre de 2014, y la recomendación se presentó el 28 noviembre de 2018, es decir, cuatro años después.
Dice que en ese documento se evidencian las prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa.
Indica que no hubo un enfoque diferencial y especializado al momento de redactar la recomendación y en especial al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero.
Precisa que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento, fueron realizados en gabinete, es decir, que no se acudió al lugar de los hechos.
"La CNDH reconoce las legítimas demandas de madres y padres de los estudiantes normalistas, se solidariza con su dolor acompañándolos en su lucha, y exhorta a las diversas autoridades a cumplir con el mandato constitucional que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 ordena a las diversas agencias e instituciones del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, para garantizar los derechos humanos de todas las personas", agrega.
