(ESPECIAL)
La Audiencia Nacional de España ha ordenado la búsqueda, detención e ingreso en prisión del exjuez de la Corte Suprema de Perú César José Hinostroza para entregarlo a su país, que le reclama por haber sobornado presuntamente a una funcionaria para conseguir huir cuando se le investigaba por un supuesto caso de corrupción.
Según informaron este lunes a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia acordó levantar la suspensión que pesaba sobre la extradición de Hinostroza después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de España rechazase admitir a trámite uno de los recursos que interpuso la defensa del exjuez, que lleva meses intentando frenar su extradición.
La Audiencia dictó un auto, contra el que cabe recurso, en el que decreta la búsqueda del reclamado "a los únicos efectos" de hacer efectiva la extradición que avaló este tribunal el pasado 1 de febrero y ratificó un mes después.
La intención del reclamado, subrayan fuentes de su defensa, es cooperar siempre con la Justicia.
Las autoridades peruanas acusan a Hinostroza, que huyó del país en 2018, de haber entregado presuntamente 10 mil dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de la localidad peruana de Tombes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él cuando estaba investigado por este caso y poder huir.
Sobre él pesaba ya una primera entrega a Perú, acordada anteriormente por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso conocido como "los cuellos blancos del puerto", en el que se le imputa haber liderado una red de favores de la que habrían participado políticos y empresarios y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia.
Hinostroza siempre ha alegado que el Estado peruano le persigue por "motivos políticos" y que su país no ha ofrecido "indicios que sustenten" haber ofrecido o entregado ninguna dádiva.
En su última vista de extradición se presentó como una víctima de una trama encabezada por el expresidente de Perú Martín Vizcarra, que tendría como objetivo imputar delitos inexistentes contra él por su presunta afinidad con el partido Fuerza Popular.
